Legisladores de Puerto Rico presionan para destituir a Ricardo Rosselló

Los legisladores opositores de Puerto Rico pidieron a la legislatura iniciar un proceso de juicio político contra el gobernador Ricardo Rosselló, acosado por dos semanas de protestas masivas que piden su expulsión por mensajes de texto escandalosos e investigaciones de corrupción.

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Rosselló, quien asumió el cargo en 2017, permaneció fuera de la vista pública el miércoles a pesar de los informes según los cuales su renuncia es inminente. Pero con su administración en desorden tras una serie de renuncias, el partido minoritario de Puerto Rico en la Cámara de Representantes, liderado por Rafael "Tatito" Hernández, pidió al presidente tomar medidas para sacarlo.

"Cada día que pasa con el gobernador en funciones amenaza nuestra estabilidad", dijo Hernández en una entrevista el miércoles. "En este momento, esta es la única opción que tenemos".

El portavoz Carlos Johnny Méndez, miembro del Partido Nuevo Progresista de Rosselló, llamó a los legisladores a la capital para recibir un informe de un panel de tres abogados encargados de examinar si se puede destituir a Rosselló. Enrique Colón Santana, uno de los abogados, dijo que habían encontrado pruebas de delitos, pero se negó a dar más detalles.

Los movimientos aumentan la presión sobre Rosselló para que se retire, en medio de la agitación que hundió a la isla en bancarrota en una situación de incertidumbre, mientras lucha por reactivar una economía marcada por la recesión y la reconstrucción tras el devastador huracán María de 2017.

La oficina de Rosselló dijo el miércoles que el gobernador está contemplando su futuro.

"Está en un proceso de reflexión y de escuchar a la gente", según un comunicado. "Cualquiera que sea la decisión que tome, se comunicará oficialmente, como de costumbre".

La protesta popular fue provocada por una filtración masiva de mensajes entre Rosselló y sus ayudantes en los que desacreditan a sus oponentes con un lenguaje profano y sexista y se muestran desdeñosos a las dificultades de los puertorriqueños comunes. La filtración se produjo inmediatamente después de la detención de dos de sus exasesores principales y otras cuatro personas por cargos federales de robo, lavado de dinero y fraude electrónico. Los funcionarios fueron acusados de dirigir contratos a empresas favorecidas, lo que reforzó los sentimientos de los manifestantes de que el gobierno está lleno de clientelismo y corrupción.

Durante la semana pasada, Rosselló se volvió cada vez más incapaz de gobernar cuando decenas de miles de manifestantes inundaron el barrio colonial de San Juan para protestas nocturnas, donde cantaron, tocaron tambores y descargaron su rabia contra un jefe del ejecutivo representado como prisionero, mafioso o cabra en sus pancartas. El domingo, celebraron una victoria parcial cuando Rosselló renunció a la cabeza de su Partido Nuevo Progresista y dijo que no buscaría un segundo mandato de cuatro años en las elecciones de 2020.

Eso no pudo contener la indignación, y Rosselló se debilitó aún más por la renuncia de miembros clave de su personal. Desde la divulgación hace casi dos semanas de los mensajes de texto, la administración ha perdido a su responsable de inversiones, su secretaria de prensa y dos jefes de agencias fiscales, uno de los cuales duró solo cinco días. El jefe de gabinete del gobernador renunció el martes por la noche.

El desfile de renuncias confundió la línea constitucional de sucesión. También amenazó con fortalecer una junta de supervisión fiscal ordenada por el Congreso de Estados Unidos que ejerce un amplio poder para imponer medidas de austeridad y representa al estado libre asociado en su bancarrota.

En el tribunal federal de San Juan, Martin Bienenstock, un abogado de la junta federal, dijo que no cumplirá con la fecha límite autoimpuesta para presentar un plan de reestructuración para la deuda vinculada al gobierno central. Dijo que los "eventos recientes" no han cambiado las posiciones legales de la junta.

La jueza del tribunal de distrito de EE.UU., Laura Taylor Swain, detuvo el litigio durante 120 días y ordenó a los tenedores de bonos y a los funcionarios de la mancomunidad y de la junta asistir a las sesiones de mediación, cuyo objetivo es resolver los juicios derivados de la bancarrota.

Si bien Rosselló se ha enfrentado con la junta por el presupuesto, tales conflictos solo resaltan los sentimientos de impotencia y desprecio de los puertorriqueños hacia los políticos, cuyo despilfarro llevó al territorio a la ruina. El martes, la junta dijo en un comunicado que las protestas callejeras reflejan "una crisis justificada de confianza en las instituciones gubernamentales".

Los cientos de mensajes de texto entre Rosselló y sus ayudantes provocaron una furia que las declaraciones de arrepentimiento no pudieron aliviar. En uno de ellos, el exasesor financiero principal del gobernador bromeó sobre los cadáveres acumulados en las morgues después del huracán María, la tormenta que paralizó el sistema de energía durante semanas.

La ira generalizada provino de años de mala gestión, corrupción y recortes, incluido el cierre de cientos de escuelas, así como la detención de la recuperación del huracán. Los trabajadores gubernamentales jubilados también están en el limbo, sin saber de dónde vendrán los fondos para sus cheques de pensión, ya que el sistema de jubilación de Puerto Rico se ha quedado sin efectivo.

Desfile de sobornos
El escenario fue preparado por una serie de denuncias de corrupción. El secretario del Tesoro de Rosselló, Raúl Maldonado, fue despedido el mes pasado luego de revelar una investigación federal por corrupción.

Los precios en la mayoría de los valores de Puerto Rico se han mantenido estables, ya que los inversionistas se han acostumbrado a los incumplimientos, las quiebras y la destrucción.

Pero la crisis ha disminuido la inversión, ya que la capacidad de Puerto Rico para atraer negocios "definitivamente se ha visto afectada", asegura José Ledesma-Fuentes, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y de su junta directiva.

"Tenemos muchas vacantes clave y cruciales que deben llenarse de inmediato", dice.

La inminente salida informada de Rosselló fue precedida por la de su jefe de personal, Ricardo Llerandi, quien renunció el martes por la noche. La secretaria de prensa, Denisse Pérez, renunció, al igual que el secretario de Estado de la isla, Luis Rivera Marín. El jefe de inversiones, Gerardo Portela, dijo el domingo que se iría. Christian Sobrino, jefe de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera, quien participó en los mensajes ofensivos, renunció este mes. Su sucesor, José Santiago Ramos, presentó su renuncia el viernes después de una semana. Abandonará el cargo el 16 de agosto.

"No hay un adulto que dirija el gobierno cotidiano", dijo Hernández, el líder de la minoría de la Cámara.