Ley Uber: plataformas en Chile advierten que proyecto perdió foco y piden omitir aspectos

El curso de la tramitación del proyecto de ley que busca regular a las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios de transportes, es seguido con la máxima atención por estas empresas, especialmente luego de la presentación de un total de 98 indicaciones que abrieron la actual etapa de discusión en detalle en el Senado.

En este escenario, los representantes de las gerencias legales de Uber Chile, Beat y Didi - tres de los cuatros actores de esta industria- aceptaron la invitación de Diario Financiero para analizar el desarrollo de esta iniciativa y sus consecuencias. Entre las principales conclusiones, coincidieron en que el proyecto ha perdido su foco técnico original que establecía un marco legal para la actividad de transporte en la versión enviada por el Ejecutivo. Acusan que ese objetivo se ha distorsionado en la tramitación posterior con regulaciones que, a su juicio, no entienden la dinámica de este mercado –como es el caso de la propuesta para las tarifas- y, especialmente, la incorporación de disposiciones en materia laboral.

Junto con advertir el riesgo de crear una ley que termine obsoleta y deje al sector sin una adecuada regulación, las empresas están abordando la discusión con acciones como la activación de las conversaciones con entidades gubernamentales y el despliegue de campañas informativas dirigidas especialmente a los usuarios.

En el caso de Uber, a través de su estrategia en redes sociales #NoFrenemos endureció sus cuestionamientos al proyecto de ley, advirtiendo que, de aprobarse la iniciativa legal, la cobertura del servicio se reducirá en un 80%, las tarifas se triplicarán y 70 mil socios-conductores dejarán la aplicación. Luego de esta primera fase, la empresa se dispone a lanzar una segunda fase de la campaña en octubre, a partir de la información que ha registrado a nivel de todo el país. "Esto tendrá un impacto social tremendo, por eso reforzaremos las campañas al usuario", aseveró el Director de Asuntos de Gobierno y Relaciones Públicas de Uber, Nicolás Sánchez.

Por su parte, Didi potenciará su estrategia hacia entidades gubernamentales con reuniones vía Ley de Lobby, ejemplo de lo cual fue el reciente encuentro del director de Asuntos Corporativos, Felipe Simonsohn, con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para explicar los efectos negativos de la normativa.

En el caso de Beat, hacia el futuro esperan que se logre "una discusión más responsable, donde primen los criterios legales de fondo de la Comisión de Transportes", señaló la Legal Specialist de la firma, Paula Droguett.

Propuestas de los senadores

Requisitos para conductores
Deberán contar con licencia de conducir clase B, con una antigüedad de, al menos, cinco años.
Al inscribirse, los conductores deberán demostrar que en los tres años previos no han tenido más de dos infracciones gravísimas o no más de cuatro infracciones graves en los dos años anteriores.

Relación laboral entre empresas y conductores
Reemplaza la palabra "conductor" por la expresión "trabajador conductor".

Condiciones de operación
Sólo podrán registrarse vehículos nuevos, fabricados en el año en el cual se requiera la inscripción, de características similares a las que se exigen para taxis básicos y de propiedad de personas naturales. Asimismo, sólo podrá registrarse un vehículo por cada propietario.

Volver al origen

El 20 de julio de 2018 el presidente Sebastián Piñera ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular a las aplicaciones tecnológicas de transportes y otorgarles legitimidad. En la iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes se detallan siete puntos técnicos claves como eje central de la propuesta. Allí, se definía desde qué es una plataforma tipo Uber, la seguridad para el pasajero y el conductor, además de las exigencias en el tipo de operaciones. Asimismo, en ninguna línea del proyecto explican algún tipo de relación laboral entre las empresas y los socios conductores. "Originalmente lo que el gobierno pedía era establecer un marco legal, sin embargo, lo que empezó a ocurrir en la Cámara de Diputados fue una desfiguración de su contenido. Introdujeron otras medidas y ahora con las últimas 98 indicaciones del Senado se enredó más el asunto", criticó el director de Asuntos de Gobierno y Relaciones Públicas de Uber, Nicolás Sánchez.

A su juicio regular materias de tipo tributario, técnico y laboral será a la larga "un desastre" para el sector. Lo que debería ocurrir –indicó- es que la discusión se separe de acuerdo a la comisión respectiva, "porque cuando uno pone personas que no son expertas en el tema empiezan a comparar mal las experiencias de regulaciones externas".
Puso como ejemplo las opiniones formuladas a partir de la reciente legislación a la industria California, a partir de la cual se concluyó que en ese Estado se creó la categoría de trabajador. Al respecto, puntualizó eso implica no entender esa normativa, que en realidad estableció un conjunto de parámetros laborales sin sustituir la categoría de socio conductor.
La Legal Specialist de Beat, Paula Droguett, añadió que en el debate parlamentario existe una falta de análisis certero respecto de la realidad de quienes trabajan en una aplicación y del funcionamiento del sistema en general. "No es un servicio de tipo público como buses o taxis, sino que tiene un fin diferente. Es importante decir que la mayoría de los traslados se hace de noche o en la periferia, donde observamos que hay intermodalidad entre las aplicaciones y la movilización pública", explicó la abogada.

El proyecto de ley "se transformó en un debate ideológico y sus consecuencias serán contrarias al objetivo inicial", aseveró el director de asuntos corporativos de Didi, Felipe Simonsohn, quien enfatizó la necesidad de que la discusión de la normativa vuelva a tener un carácter técnico.

Lo bueno y lo malo de las 98 indicaciones del senado

En la etapa más reciente de su trámite legislativo, un grupo de senadores formuló 98 indicaciones al proyecto, en las cuales las empresas ven aspectos positivos y negativos. En el primer ámbito, los representantes de Didi, Uber y Beat destacaron la flexibilización de la licencia de clase A y la distinción en los requisitos de calidad de vehículos y seguridad de pasajeros, que valoraron como avances respecto de la versión que salió de la Cámara de Diputados.
Pero en términos generales, los expertos advierten importantes falencias en regulación, como es el caso de la norma propuesta en materia de tarifas, que ven innecesaria en el escenario de competencia actual que existe entre las distintas aplicaciones producto de las bajas barreras de entrada al negocio. "No tiene justificación porque no hay un monopolio legal en la industria", argumentó Paula Droguett.

Para Didi, Uber y Beat, el punto más conflictivo fueron los 25 comentarios que apuntan a la regulación laboral entre socios conductores y empresas. Al respecto, Nicolás Sánchez sostuvo que lo más probable es que muchas de estas observaciones serán sujetas a un control de admisibilidad, ya que van en contra de lo establecido en la Constitución por cuanto se trata de atribuciones del Ejecutivo.

"Por esta razón, nos deja la sensación que la discusión en el Congreso se dilatará por tres años más", agregó el abogado, quien advierte que muchas de las indicaciones en materia laboral no apuntan al objetivo de proteger a quienes realizan el servicio, sino que su propósito es limitar el modelo de negocio de estas empresas. "La consecuencia de dejar las cosas tal como se plantean en el proyecto es correr el riesgo de hacer desaparecer algunas empresas, y que las que sobrevivan tendrán pocos automóviles y conductores concentrados en comunas con mayor acceso", aseveró.
A su vez, Didi criticó la falta de un diagnóstico integral del funcionamiento de este mercado nivel global que permita establecer bases permanentes para la industria. "En esta primera ola de regulaciones, hay que dar una mirada sectorial al asunto para equilibrar los ámbitos tributario, laboral y técnico, de modo de construir una regulación a largo plazo", explicó Felipe Simonsohn.

"Esperamos que se de una discusión más responsable y que no sólo sea un saludo a la bandera", dijo Paula Droguett, haciendo hincapié en hay una pérdida de foco legal sobre el por qué se deben regular a las aplicaciones.

Impactos negativos en la industria

En los últimos meses, las empresas se han preparado para abordar esta discusión generando campañas de información al usuario y transmitiendo su visión sobre los efectos de la normativa en el funcionamiento de las aplicaciones y su desarrollo futuro.

"Los parlamentarios que piden en sus indicaciones un auto del año o el congelamiento del parque no dimensionan el impacto negativo. Retrocederemos en el tiempo, cuando las tarifas costaban seis veces más caras y había menos conectividad entre localidades lejanas", afirmó Nicolás Sánchez de Uber, empresa que a partir de su presencia a nivel de todo el territorio nacional cuenta con un gran volumen de datos recolectado. Entre las externalidades negativas más complejas, Sánchez enfatizó que una regulación de la tarifa en la línea propuesta en las indicaciones tendrá efectos a nivel macro como un aumento de la inflación ya que el valor del servicio forma parte del cálculo del IPC. También advirtió que "si la ley sale como está, tendrá impacto en el desempleo, lo que sería un traspié social en momentos en los cuales la economía no anda bien".

La introducción de una mayor rigidez en esta actividad es un punto en la mira de Didi, por cuanto ese escenario frenará la implementación de otros servicios que ofrece el gigante asiático a nivel global. "Echamos de menos que nuestra regulación no tenga una mirada a largo plazo y que tampoco ve lo que sucede en otras partes del mundo", explicó Felipe Simonsohn. Puso como ejemplo el reciente lanzamiento de un servicio de taxis autónomos de esta aplicación en China, la cual no tendría la posibilidad de funcionar en Chile dentro de un marco legal como el propuesto en la actual versión del proyecto en el Parlamento. De seguir así, "vamos a quedar obsoletos", agregó.