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Jorge Rodríguez
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La nueva ley es la más reciente acción del régimen de Nicolás Maduro para bloquear el ejercicio político de opositores
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una ley que contempla prohibir hasta por 60 años ocupar cargos públicos a personas que hayan promovido o promuevan la aplicación de sanciones al país.
La nueva ley es la más reciente acción del régimen de Nicolás Maduro para bloquear el ejercicio político de opositores y regular desde las organizaciones no gubernamentales hasta las redes sociales, luego de una controvertida elección presidencial en julio.
El texto ratificado por la Asamblea, vista por críticos y opositores como una extensión del Ejecutivo, surge tras la aprobación a mediados de mes por la Cámara de Representantes de Estados Unidos al proyecto de "Ley Bolívar", que complementa normas que prohíben al gobierno estadounidense contratar a personas que tengan lazos comerciales con el gobierno de Maduro.
Actualmente, la legislación venezolana tiene como pena máxima 30 años de prisión y en general las inhabilitaciones políticas para aspirar o ocupar un cargo público suelen ser de 15 años, dijeron abogados.
La nueva legislación se suma a otras aprobadas por la Asamblea como una para fiscalizar a las ONG, en medio de las denuncias de detenciones arbitrarias de opositores tras los comicios en los que Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, pese a las alertas de irregularidades por parte de organismos como el Centro Carter y Naciones Unidas.
Los medios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes sobre sanciones serán sancionados con la revocatoria de la concesión, de acuerdo con lo señalado en el texto que fue debatido por los legisladores.
A los medios electrónicos e impresos se les impondrá una multa en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1 millón de veces, el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central, lo que sería unos 49 millones de euros o US$51,7 millones a la tasa de cambio oficial actual.
Tras las elecciones presidenciales de julio, ONG nacionales e internacionales han advertido de una ola represiva con más de un millar de detenidos, una veintena de muertos, la cancelación de pasaportes a algunos periodistas, políticos y activistas e investigaciones judiciales contra opositores, entre otros.
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