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DCI Group, un estratega codiciado por inversionistas de alto perfil en disputas, está actuando en nombre de los tenedores
Los inversionistas de los bonos venezolanos que incumplieron a principios de esta semana están siguiendo parte de la estrategia del multimillonario de fondos de cobertura Paul Singer, recurriendo a una empresa de asuntos públicos con sede en Washington en busca de ayuda.
DCI Group, un estratega codiciado por los inversionistas de alto perfil en disputas de deuda, está actuando en nombre de los tenedores de bonos de Petróleos de Venezuela a 2020, según muestra la base de datos de divulgación de cabildeo del Senado. La firma fue contratada por Contrarian Capital Management, según Justin Peterson, socio gerente del Grupo DCI. DCI no trabaja directamente para otros tenedores de bonos, aunque trabaja en estrecha colaboración con una firma de abogados que representa a los inversionistas en la deuda, incluidos Ashmore Group Plc y BlackRock Inc., asegura Peterson.
DCI luego contrató a Hobart Hallaway y Quayle Ventures de Nashville, Tennessee, para que cabildearan por los bonos Pdvsa 2020 y los “derechos de los acreedores”, según la divulgación. El registro muestra al menos US$20.000 en ingresos de cabildeo.
Un portavoz de Hobart Hallaway refirió el comentario a DCI. Una portavoz de BlackRock declinó hacer comentarios, mientras que un representante de Ashmore, con sede en Londres, no respondió a un correo electrónico. Contrarian, con sede en Greenwich, Connecticut, declinó hacer comentarios a través de una portavoz externa.
Los tenedores de bonos de Pdvsa están tratando de aumentar su influencia política en un momento en que aparentemente todos, desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hasta la Asamblea Nacional de Venezuela y los expertos legales, están en contra de ellos. Sus oponentes dicen que la asediada nación sudamericana debe centrarse en la transición a un nuevo gobierno y poner fin a décadas de políticas que han destruido la economía. Dicen que los esfuerzos para lidiar con su incumplimiento de US$60.000 millones pueden esperar.
La semana pasada, el Tesoro de Estados Unidos actualizó sus pautas de sanciones para evitar que los tenedores de bonos de 2020 se apoderen de la garantía de las notas: 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc. Luego, el lunes, el equipo que asesora al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y casi 60 países como el líder del país, se saltó un pago de US$913 millones por los bonos. Al día siguiente, la junta de Pdvsa en EE.UU. pidió a un juez de Nueva York que declarara la deuda inválida, argumentando que su emisión era ilegal.
DCI fue anteriormente un jugador en el drama judicial argentino con acreedores que duró una década, así como en disputas sobre la deuda de Puerto Rico y General Motors Co. Durante la saga argentina, DCI trabajó para cambiar el enfoque de Singer, el jefe del fondo de cobertura Elliott Management, quien llevó al país a los tribunales por el pago total después del incumplimiento de 2001 de Argentina. DCI creó una coalición, American Task Force Argentina, con miembros que incluyen una orden fraterna de agricultores y la rama de Colorado de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios.
Los documentos fiscales muestran que DCI ganó al menos US$16 millones de su trabajo en Argentina en un lapso de cuatro años, evitando los esfuerzos del presidente del país que describió a Singer como un inversionista “buitre” que se beneficia de las desgracias de los pobres. Singer resolvió el caso en 2016, con más de US$2.000 millones en ganancias para su fondo.
A principios de este año, presentaciones judiciales vincularon a Contrarian con acciones legales contra Pdvsa bajo un vehículo separado llamado Red Tree Investments LLC.
Hasta ahora, ha habido pocas señales de apoyo público para los tenedores de bonos Pdvsa 2020. Algunos grupos de derecha, incluido Americans for Tax Reform de Grover Norquist, habían argumentado que la administración Trump debería abstenerse de intervenir en el asunto porque eso interferiría con los derechos de propiedad.
Pero gran parte del debate en Washington y Caracas se ha centrado en la legalidad de la deuda, emitida en 2016 por el régimen de Nicolás Maduro, pero no reconocida por la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Al menos en Estados Unidos, donde la administración Trump ha llamado a Maduro un dictador ilegítimo, el argumento de la legislatura ha generado simpatía.
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