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Comienza el periodo presidencial de Sheinbaum
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Analistas dicen que el reto más apremiante será calmar a los inversionistas preocupados por el clima de negocios con la reciente aprobación de una reforma judicial
La científica Claudia Sheinbaum asumió ayer como la primera mujer presidenta en la historia de México para el período 2024-2030, con los retos de incrementar el crecimiento económico, apaciguar la violencia ligada al crimen organizado y reducir el déficit fiscal más alto desde 1980.
Pero analistas coinciden en que el desafió más apremiante que tendrá Sheinbaum, de 62 años, será calmar a los inversionistas, preocupados por la diligente aprobación de una reforma judicial aupada por su mentor político, el saliente mandatario Andrés Manuel López Obrador, que han visto como una amenaza para la seguridad política y la democracia.
“El principal desafío para la presidenta será reforzar la confianza del mercado y ofrecer un marco regulatorio y de políticas predecibles y favorables a la inversión”, dijo el jefe del equipo de Investigación Económica para América Latina de Goldman Sachs, Alberto Ramos.
“Gestión del presupuesto y de las estatales, progreso en seguridad pública y la integridad de instituciones será fundamental para la confianza del mercado y calificaciones de deuda”.
Los primeros meses del sexenio de Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México entre 2018 y 2023, podrían ser de alta volatilidad para los mercados financieros locales por las presidenciales de noviembre en EE.UU., su vecino y mayor socio comercial, cuando las miradas se trasladarán a la migración irregular, el comercio y la seguridad.
Además, el mercado seguirá muy de cerca la presentación del primer presupuesto del gobierno entrante antes del 15 de noviembre, para analizar si podrá cumplir con la promesa de reducir el déficit fiscal a 3,5% del PIB desde 5,9% estimado para cierre de 2024.
Durante su mandato, que inició en diciembre de 2018, López Obrador duplicó el salario mínimo, redujo la pobreza y el desempleo, amplió la base de los programas sociales y supervisó el fortalecimiento del peso mexicano,éxitos que impulsaron su popularidad y ayudaron a Sheinbaum a obtener una aplastante victoria en las elecciones de junio.
Pero más allá de su promesa de “continuidad con cambio”, Sheinbaum heredará un fuerte déficit presupuestario y un PIB que, en términos reales, se expandió apenas 0,9% en el sexenio. Según expertos, la solución para la segunda economía más grande de América Latina es algún tipo de reforma tributaria que aumente los ingresos fiscales.
Sin embargo, la propia Sheinbaum ha dicho que no tiene en mente una “reforma fiscal profunda”, por el contrario, sostiene que buscará reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos en las aduanas, entre otras propuestas.
“Tendrá que llevar a cabo una importante consolidación fiscal si quiere mantener la visión positiva que los mercados tienen hoy de ella”, dijo el economista del banco de inversión Bradesco BBI, Bernardo Keiserman.
“Creemos que el Gobierno está comprometido con un ajuste, pero lograr uno de la envergadura suficiente no va a ser una tarea fácil.La economía está más débil y es probable que se debilite aún más”, agregó.
Recientemente, el banco central recortó su previsión de crecimiento del PIB para este año a 1,5% desde 2,4% previo y rebajó su estimación para 2025 a 1,2%. Además, la entrante administración heredará una pesada carga fiscal de la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo.
López Obrador dijo que se retiraba con la “conciencia tranquila y muy contento” tras asegurar haber sentado las bases de la transformación que necesitaba el país.
Luego de la pandemia, el nearshoring puso a México en el centro de las inversiones. Un desafío para Sheinbaum será incrementar la inversión mientras implementa las reformas constitucionales de López, como elección de jueces por voto popular o eliminación de organismos autónomos, que han enfrentado a México con sus socios en el tratado comercial de Norteamérica: EE.UU. y Canadá.
Ambos países han alzado su voz de protesta asegurando que los cambios constitucionales generan incertidumbre sobre el Estado de Derecho y la fortaleza de las instituciones.
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