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Investigación reveló que auditoras ambientales declararon sostenibles a empresas vinculadas con tala de bosques indígenas
Al menos 48 firmas de auditoría ambiental en el mundo han declarado como sostenibles a cerca de 50 empresas de la industria de productos forestales, pese a haber cometido prácticas relacionadas a la tala de bosques indígenas y reservas protegidas, falsificación de permisos de explotación e importación de productos forestales conseguidos ilegalmente.
Esa es la conclusión a la que llegó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) -reconocido por investigaciones como los Pandora y Panamá Papers- en un nuevo reporteo publicado este miércoles y que realizaron durante más de nueve meses, donde investigaron a las firmas que certifican las supuestas buenas prácticas ambientales de las compañías madereras y agrícolas que operan en los bosques.
El equipo del ICIJ, conformado por más de 140 periodistas y 40 medios de 27 países -entre ellos Chile- examinó registros de inspección, datos de violaciones ambientales y documentos judiciales relacionados con empresas en al menos 50 países, y reveló que entre las auditoras ambientales que habrían cometido malas prácticas, están KPMG, SCS Global Services, SGS, Control Union, Tüv Rheinland e IBD Certifications.
Dentro de los resultados, el grupo destaca algunos casos de compañías que pese a tener sellos que garantizaban sus prácticas sostenibles, no cumplen con los estándares. Por ejemplo, una empresa brasileña de productos de madera que opera en la Amazonía afirmó que estaba “certificada con gran éxito” a pesar de haber sido multada 37 veces desde 1998 por almacenar y transportar madera sin documentación legal.
Pese a que hoy, estas certificaciones de sostenibilidad proporcionadas por organismos privados no son un requisito legal, se han convertido en prácticamente imprescindibles para las empresas que comercializan, producen o utilizan madera y otros productos asociados con la deforestación.
Estas entidades dependen de firmas de auditoría ambiental externas para examinar a los clientes y certificar que las empresas de productos madereros, los productores de aceite de palma y otros cosechan de manera responsable y no utilizan materiales relacionados con la tala ilegal y otros delitos ambientales.
El caso de Chile
La investigación del ICIJ también nombra a Chile, donde acusa que una firma forestal japonesa obtuvo madera de proveedores que utilizaron documentos que contenían información falsa sobre el origen de esta materia prima.
De acuerdo a la cuenta de Twitter de la fundación periodística chilena sin fines de lucro LaBot, que forma parte del grupo de investigación transfronterizo, próximamente se publicará, como parte del reporte, un capítulo que aborda el caso específico de Chile en torno a las certificaciones sustentables.
Fallas en la industria
Una de las principales causas que atribuye el estudio a estas prácticas, es una desregulación de la industria de auditoría ambiental. “La auditoría ambiental difiere de su contraparte altamente regulada, la auditoría financiera tradicional, y se rige por muchas menos reglas y pautas”, señala.
Dentro de las organizaciones internacionales que entregan estos certificados sostenibles a las compañías madereras, el reporte menciona a Forest Stewardship Council (FSC) y el Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC).
Afirma que, en los últimos años, la reputación de ambos se ha visto empañada por la falta de transparencia en sus procesos de auditoría y certificación, escándalos que involucran a clientes certificados, alegaciones de conflictos de intereses y falta de supervisión de los auditores afiliados.
La investigación alerta que “a medida que más marcas se mostraron dispuestas a pagar por certificaciones ecológicas, ambas organizaciones relajaron sus estándares y el proceso se volvió menos efectivo”.
Además, el grupo advierte que en esta temática falta una mayor participación de los gobiernos para prevenir prácticas relacionadas al lavado verde de imagen y que cuenten con mejores legislaciones para regular adecuadamente la tala de bosques.
Aunque está previsto que la cumbre concluya el viernes, el nuevo documento mostraba que aún queda mucho por decidir
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