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Lo ajustado del resultado ha obligado a una segunda vuelta el 22 de noviembre. Los contendientes restantes prometieron una nueva orientación económica y una política de menos enfrentamiento. El fuerte aumento del gasto público antes de la elección mantuvo el crecimiento del producto interno bruto este año, pero a costa de aumentar un déficit fiscal que, según se prevé, llegará al 6 por ciento del PIB. Hay más empleo estatal pero la producción industrial está estancada y la tasa de empleo privado es más baja que en 2006. Las reservas del banco central de US$27.700 millones no alcanzan para cubrir las necesidades de financiamiento que tendrá el país el año que viene, que un analista ubica en US$45.000 millones.
No colabora el hecho de que la Argentina haya entrado en cesación de pagos por octava vez el año pasado y siga excluida de los mercados internacionales de capitales. Los controles cambiarios y de importación ampliaron a 70% la brecha entre el valor del peso oficial y el que tiene en el mercado negro, lo que pone al país en peligro de una gigantesca devaluación.
Los principales candidatos de las elecciones del domingo hicieron promesas similares: de negociar con los acreedores que rechazaron la reestructuración de deuda o holdouts a una amnistía impositiva para atraer los ahorros depositados en el extranjero. Y los mercados financieros se consolaron con el segundo puesto que obtuvo el candidato opositor Mauricio Macri, ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Consideran que es más proclive a actuar rápido para implementar cambios que quien terminó primero, Daniel Scioli, candidato del partido gobernante y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Pero sea quien sea el ganador, tendrá que llegar a algún tipo de consenso sobre la forma de avanzar. El equilibrio de poder en las dos cámaras del Congreso lo hará necesario. Elegir un orden inteligente para la implementación de las políticas será crucial… y el consenso ayudaría en ese sentido también.
Los subsidios a la energía y el transporte –que ahora devoran casi 5% del PIB- deben reducirse. Pero terminar con esos programas de manera demasiado abrupta tendría un impacto brutal en los pobres de la Argentina y sería políticamente desestabilizante. Acabar con los controles cambiarios de forma demasiado repentina también sería peligroso. Quizá haría que el peso se desplomara y que la inflación se disparara. Lo que se necesita es un esfuerzo gradual y sostenido, y eso no ocurrirá sin cierto grado de acuerdo.
Un buen primer paso sería proteger al instituto de estadística de la Argentina de la injerencia política que dio lugar a una moción de censura del Fondo Monetario Internacional y puso en duda las cifras oficiales de inflación y PIB. Una amnistía impositiva podría hacer que vuelvan al país miles de millones de dólares de ahorros depositados en el exterior. Rebajar las retenciones a las importaciones que han convertido a los productores rurales argentinos en acumuladores de talla mundial podría contribuir a reponer las reservas del banco central.
Estas cosas podrían realizarse. El problema es que la segunda vuelta electoral podría ser una contienda más cruda y desagradable. Scioli podría sentir la tentación de cohesionar a la base de su partido recurriendo a las habilidades demagógicas de Fernández. Es lo último que necesita el país.
Todas las invectivas que se lancen contra los “fondos buitres” no resolverán la escasez de dólares de la Argentina ni restablecerán sus lazos rotos con la economía mundial. El próximo gobierno tendrá que disponer reformas y buscar un acuerdo con los bonistas que presentaron demandas. En el próximo mes, los candidatos no deberían hacer esas tareas más difíciles de lo que ya son.
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