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Venezuela endureció las sanciones contra la especulación y acaparamiento en el país estableciendo penas de hasta 10 años de cárcel en una nueva ley firmada el viernes por el presidente Nicolás Maduro, quien denunció la existencia de una “guerra económica” que busca socavar su mandato.
La Ley Orgánica de Precios Justos establece además penalidades como expropiaciones, decomisos y multas para quienes no cumplan con la amplia regulación sobre márgenes de ganancias y precios en una nación sumida desde hace varios años en un agudo desabastecimiento de productos básicos. “Quienes vendan o presten servicios a precios superiores a los fijados o determinados (...), serán sancionados por vía judicial con prisión de ocho a diez años”, se lee en la resolución publicada en Gaceta Oficial.
La norma establece igual pena para el delito de acaparamiento. Así mismo, determina prisión de hasta 12 años para quienes incurran en el “boicot” y de hasta 14 años para el “contrabando de extracción” de bienes, es decir, para quienes desvíen a través de las fronteras del país productos regulados para ser revendidos.
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Esto se da después de que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, se reuniera con la calificadora en Nueva York
