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En la semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que su sala constitucional asumirá el rol del parlamento, al considerar que este cuerpo permanece en "desacato" por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos.
Además, la corte limitó la inmunidad parlamentaria abriendo la posibilidad de llevar a juicio o apresar a los diputados opositores, mayoría en el hemiciclo.
"Hemos llegado a un acuerdo de solución de esta controversia y puedo decir que queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar por nuestra Constitución", dijo el vicepresidente Tareck El Aissami, leyendo un comunicado la madrugada del sábado.
El oficio fue firmado por el Consejo de Defensa, el máximo órgano de consulta en asuntos relacionados con la defensa y soberanía nacional e integrado por Maduro, los presidentes de los poderes públicos, altos mandos militares, el vicepresidente y la canciller.
La víspera, la fiscal general, Luisa Ortega, quien no acudió a la reunión del Consejo de Defensa, criticó el fallo del TSJ asegurando que se trataba de una "ruptura del orden constitucional".
La mañana del sábado, algunos medios locales aseguraban que el TSJ ya había revertido sus polémicos fallos, pero una fuente del organismo negó el hecho a Reuters.
Pase lo que pase, la Asamblea Nacional seguiría bloqueada por la justicia, que le ha impedido aprobar leyes desde que asumió funciones en el 2016 acusándola de "desacato".
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