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Major reveló que solicitará permiso del Tribunal Superior para sumarse a la demanda ya presentada por la activista Gina Miller
El exprimer ministro británico conservador John Major confirmó este viernes que se enfrentará al actual jefe de Gobierno, Boris Johnson, en los tribunales para tratar de impedir la suspensión del Parlamento.
Major reveló que solicitará permiso del Tribunal Superior para sumarse a la demanda ya presentada por la activista contraria al Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) Gina Miller con el objetivo de revertir el cierre parlamentario.
"En vista de la inminencia de la suspensión (parlamentaria) y a fin de evitar duplicar el esfuerzo (...), tengo intención de buscar el permiso del tribunal para intervenir en el caso ya iniciado por Gina Miller, en lugar de comenzar procedimientos legales separados", señaló Major.
En caso de que esa autorización le sea concedida, agregó que intentará "ayudar al tribunal desde la perspectiva de haber servido en el Gobierno como ministro (de Hacienda en el Ejecutivo de Margaret Thatcher entre 1989-1990) y primer ministro (1990-1997) y también en el Parlamento durante muchos años como miembro de la Cámara de los Comunes".
Johnson anunció este miércoles que cerrará las sesiones parlamentarias desde mediados de septiembre y hasta el 14 de octubre, adoptando una postura que ha indignado a todos los sectores políticos del país.
Esa medida, que llega en un momento delicado en la política británica, ha enfurecido a la oposición -y a conservadores contrarios al planteamiento de Johnson sobre el Brexit- al reducir el margen de maniobra de los detractores de un "divorcio" brusco para explorar vías legales con las que evitar ese escenario.
Tal y como están las cosas, el Reino Unido abandonará el bloque comunitario el próximo 31 de octubre de manera abrupta -sin acuerdo- si ambas partes no alcanzan antes un punto de encuentro.
Por su parte, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn -principal grupo opositor- y otras formaciones políticas, ya han confirmado su intención de legislar lo antes posible para impedir una salida sin consenso y no descartan presentar una moción de censura.
Además, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo desestimó hoy de forma temporal la demanda en contra de la suspensión del Parlamento y aplazó hasta el martes la vista en la que dictaminará si es legal la decisión adoptada por el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson.
Durante una audiencia que duró apenas media hora, el juez lord Raymond Doherty descartó emitir un "interdicto provisional", es decir, adelantar su decisión sobre la legalidad de la medida, como le pedían los demandantes, con lo que estos no han conseguido, por el momento, frenar los planes de Johnson.
El magistrado señaló que prefería no pronunciarse de forma preliminar antes de que hubiera una vista completa para escuchar los argumentos de todas las partes, por lo que adelantó la sesión prevista para el 6 de septiembre al próximo martes.
"No estoy satisfecho de que se haya demostrado que existe la necesidad de un veredicto provisional en esta etapa", señaló y añadió que en aras del "interés de la justicia y del público" era conveniente que el caso procediera "más pronto que tarde".
En una vista celebrada ayer, Aidan O'Neill expuso los argumentos de los parlamentarios y Roddy Dunlop actuó en representación del Ejecutivo británico, tras lo que lord Doherty avanzó que se pronunciaría este viernes.
El tribunal civil de mayor rango de Escocia se pronunció así ante la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que, el mes pasado, pidió que se pronunciara lsobre si es legal clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) sin acuerdo puedan frenarlo.
Entre los firmantes de la demanda, que encabeza la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, están también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al Brexit "The Good Law Project".
Con la decisión de Johnson de paralizar la activad de la Cámara de los Comunes entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, los opositores de un Brexit sin acuerdo apenas tendrán tiempo hasta el 31 de octubre para debatir y votar un eventual nuevo pacto que permita la salida ordenada del club comunitario.
La maniobra de Johnson ha generado un gran revuelo en el ámbito político y en la calle, y tanto la oposición como miembros del Partido Conservador consideran que se trata de un acto "antidemocrático".
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