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El domingo quemaron oficinas de servicios de inmigración y aduanas, así como una estación de Policía en la cercana ciudad sureña de Puno
El foco de los disturbios violentos de Perú volvió al empobrecido sur rural después de que las manifestaciones masivas en Lima la semana pasada no lograran disolver el frágil Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte.
El regulador de transporte del país reportó decenas de bloqueos de carreteras al lunes por la mañana, muchos de ellos cerca de la frontera sur con Bolivia.
El sur de Perú, rico en cobre, es el corazón de la industria minera del país, así como de su sector turístico.
El sábado, el Ministerio de Cultura cerró hasta nuevo aviso el atractivo turístico más conocido de Perú, el sitio arqueológico de Machu Picchu.
La crisis desatada por la vacancia del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, luego de que intentara disolver el Congreso, había cobrado la vida de 54 civiles y un policía hasta el domingo, según la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora, el caos le ha costado al país el equivalente a aproximadamente dos puntos porcentuales del producto interno bruto en pérdida de producción, según una investigación de Felipe Hernández de Bloomberg Economics.
El domingo quemaron oficinas de servicios de inmigración y aduanas, así como una estación de Policía en la cercana ciudad sureña de Puno. La carretera Panamericana cerca de la ciudad de Ica permaneció bloqueada y los aeropuertos de Arequipa y Juliaca están cerrados.
Los manifestantes exigen nuevas elecciones y el reemplazo del Gobierno y el Congreso. Muchos también quieren una reescritura de la Constitución que sea favorable al mercado de Perú.
Protestas en Lima
El 19 de enero, miles de manifestantes acudieron a Lima con la esperanza de que allí tuvieran más impacto que en los distritos rurales. Las protestas en la capital continúan, aunque con menor intensidad que la semana pasada.
Boluarte, quien fue vicepresidenta de Castillo, es impopular tanto entre los partidarios de Castillo como entre la oposición. Ha prometido elecciones anticipadas, pero el Congreso aún no ha fijado una fecha para la votación, que podría llevarse a cabo en abril de 2024.
Líderes de izquierda de América Latina, incluido el presidente colombiano, Gustavo Petro, han criticado la violencia de las fuerzas de seguridad de Perú.
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