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Protestas en Perú - Reuters
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Los enfrentamientos en el país latinoamericano marcan la peor ola de violencia que ha visto Perú en más de dos décadas
Manifestantes y la policía de Perú cruzaron piedras y bombas lacrimógenas el jueves en la capital Lima, mientras que en regiones del sur del país dos personas murieron, elevando a 45 las víctimas fatales en violentos enfrentamientos durante protestas contra el Gobierno en demanda de cambios radicales.
Los enfrentamientos marcan la peor ola de violencia que ha visto Perú en más de dos décadas, mientras los manifestantes -en su mayoría de regiones más pobres- desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos.
En la región sureña de Arequipa, la policía enfrentó también con bombas lacrimógenas a manifestantes que intentaron tomar el aeropuerto. Un hombre de 30 años murió por "herida de arma de fuego" y otras 18 personas resultaron heridas en ese evento, dijo la gerencia de salud de Arequipa en un comunicado.
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció por Twitter la suspensión de las operaciones del aeropuerto de Arequipa y de Cusco, el foco turístico del país.
En buses y a pie, miles de personas han viajado a Lima portando banderas y pancartas criticando al Gobierno y a la policía por enfrentamientos mortales en las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho. Muchos exigen la dimisión de Boluarte.
Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la "Toma de Lima", y la policía había anunciado el despliegue de miles de agentes para velar por la seguridad en la ciudad, que el miércoles cumplió sin festejos sus 488 años de fundación.
En recientes protestas, los manifestantes han quemado sedes públicas y privadas y han atacado estaciones policiales en diferentes regiones del interior del país.
La Defensoría del Pueblo informó asimismo la muerte el jueves de una persona que resultó herida en una protesta el miércoles en Puno, que registra casi la mitad de todos los fallecidos en enfrentamientos, incluido un policía. Otros nueve han fallecido en incidentes relacionados a los conflictos.
Violentos disturbios
Una parte de los manifestantes que marcharon pacíficamente más temprano en Lima, se enfrentó con la policía durante la tarde lanzando piedras y botellas de vidrio a los agentes, que los contenían cubierto con escudos y cascos de plástico.
En un momento la policía usó bombas lacrimógenas y se produjeron violentos choques con los manifestantes, que buscaban llegar a las inmediaciones del Congreso.
Imágenes de televisión mostraron la detención de varias personas; mientras que otras cinco resultaron heridas por impacto de piedras. La policía calculó 3.500 manifestantes en Lima, pero según medios y testigos dijeron que había más de 7.000.
Las muertes han sido un pararrayo en las protestas. Los manifestantes llevan pancartas llamando "asesina" a Boluarte y calificando como "masacres" las acciones de la policía.
En los distritos residenciales limeños de Miraflores y San Isidro, algunos negocios "tapiaron" con madera sus fachadas en previsión de ataques. El miércoles también hubo choques y la policía usó gases lacrimógenos para dispersar las protestas.
El Ministerio Público anunció por Twitter el despliegue de 50 fiscales "para exhortar a los efectivos policiales a hacer uso proporcional de la fuerza durante las manifestaciones, e invocar a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica".
Las protestas estallaron luego de la destitución y arresto el 7 de diciembre del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En las protestas se pide también la liberación del exmandatario.
La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada el Gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en Lima y el sur regiones de Puno y Cusco, cercenando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.
La fiscalizadora de transporte informó de más de 120 puntos de bloqueos en 18 de las 25 regiones del país durante el día.
Boluarte ha pedido "perdón" por las muertes en las protestas pero ha reafirmado que no va a renunciar.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.
Cientos de personas que llegaron a Lima en los últimos días han sido albergados en la estatal Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes tomaron en la víspera parte de la sede de la casa de estudios para apoyar las protestas.
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