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María Corina Machado, líder opositora de Venezuela
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Los opositores venezolanos denunciaron que legalmente solo puede ser la autoridad la que certifique una victoria, pero al mismo tiempo se deben presentar las actas del 28 de julio
La líder opositora María Corina Machado, en un comunicado en conjunto con el candidato opositor Edmundo González, se refirieron a la movida del presidente Nicolás Maduro, que busca certificar su reelección con una directriz del Tribunal Superior de Justicia, TSJ de Venezuela.
Los opositores señalaron que esa autoridad no tiene las facultades constitucionales para avalar la victoria de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Por el contrario, se trata de una tarea única de la autoridad electoral, pero que no solo debe avalar las contiendas sino que la Ley la obliga a presentar las actas electorales.
En el texto, dijeron que, “la gesta cívica más importante del siglo XXI”, en el que millones de electores abrieron las compuertas al futuro democrático de Venezuela mediante el voto popular. El pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031 es Edmundo González Urrutia”, subrayaron.
La oposición pide el respeto los resultados tras recopilar más de 80% de las actas electorales del CNE que recopiló a través de testigos en los centros de votación y luego de que el poder electoral del régimen declarara ganador a Nicolás Maduro sin presentar un sustento que avalara dicho triunfo.
“El CNE es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. Sin embargo, contrariando el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), esa institución no cumplió con los lapsos previstos y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral”, agregó.
Asimismo, la oposición se refirió al proceso de revisión que adelanta la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que, según afirmó, “no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones".
“De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas”, puntualizó.
En ese contexto el bloque opositor precisó que, basado en la Constitución, “sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”.
Finalmente, la oposición exigió transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho, alertando que “se pretende aniquilar judicialmente la soberanía popular”.
“No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió (...) Los venezolanos debemos tener la seguridad de que Edmundo González Urrutia será reconocido como presidente electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional”, concluye.
El mayor temor es que se repita lo ocurrido en 2020, cuando el entonces presidente afirmó falsamente que había ganado las elecciones
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