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Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile
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El consenso fue alcanzado en la discusión en la comisión especial mixta, en el Congreso
Luego de dos jornadas de maratónicas negociaciones, propuestas y contra ofertas, el Gobierno propuso un primer acuerdo con el oficialismo y la oposición para destrabar la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, con inéditas medidas de contención de gasto con el telón de fondo de una economía que ha crecido mucho menos de lo esperado y perspectivas de ingresos del Gobierno que podrían no cumplirse.
Al cierre de esta edición, pasadas las 8:40 p.m., el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, leyeron los detalles del documento, que contaría con la firma de parlamentarios transversales que forman parte de la comisión especial mixta de Presupuestos, instancia donde se encuentra tramitándose el texto.
En lo grueso, el Ejecutivo se comprometió a aumentar el nivel de gasto que recortará en 2025, desde los US$500 millones propuestos el miércoles a una cifra cercana a US$600 millones. Eso sí, con el compromiso de no afectar políticas sociales, como en Salud, Educación y Vivienda, o el gasto en seguridad en Carabineros, PDI y Gendarmería.
La fuente del recorte serán los gastos operacionales del sector público, las transferencias de capital y fondos que provendrán de la partida del Tesoro Público, explicó Marcel.
Esto llevaría al gasto público a crecer un 2% el próximo año, desde el 2,7% que contemplaba la propuesta original del Ejecutivo.
También, el protocolo contemplará que el Congreso deberá autorizar a Hacienda cuando el Gobierno busque realizar giros superiores a 0,3% anual desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees); y que se contratará una asesoría de un organismo multilateral, que sería el Fondo Monetario Internacional (FMI), para evaluar ex ante las proyecciones de ingresos del Gobierno Central.
Al cierre de esta edición, las partes continuaban destrabando las negociaciones en áreas sensibles, como platas para solucionar la crisis financiera de los hospitales públicos, y el funcionamiento de algunos Servicios Locales de Educación Pública (Slep). Dicho acuerdo se materializaría en el trámite de la Cámara de Diputados.
Pero antes de la firma del protocolo, se vivió una maratónica sesión de debate y votación de la mayoría de las partidas presupuestarias, donde hubo varias que sortearon la valla legislativa y otras que vieron recursos rechazados.
Por ejemplo, se aprobaron los recursos del Ministerio de Economía, pero se rechazaron las platas de la Oficina de Grandes Proyectos (OGP) y del programa de apoyo a las Pymes afectadas por el estallido en el programa de Sercotec.
En Medio Ambiente, se despachó la partida pero con el rechazo de los fondos para la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y del programa de transición ecológica justa.
Si bien en Agricultura se aprobaron los recursos, se redujeron asignaciones del programa de innovación y fortalecimiento institucional para seguridad alimentaria y para programas de desarrollo local del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Asimismo, toda la partida del Ministerio de Defensa fue rechazada por la comisión mixta.
En Trabajo, se aprobaron los recursos pero no sortearon la valla las platas para la Dirección del Trabajo (DT) y el Fondo de Educación Previsional.
En la cartera de Salud, el Ejecutivo no pudo impedir que se rechazaran los recursos para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), los servicios de salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y el programa de atención primaria. En Desarrollo Social, quedaron en el camino los fondos para el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
Luego fue el turno de Vivienda, donde se aprobaron los recursos. Mismo resultado en el Ministerio Público.
En cambio, en la cartera de Justicia se volvieron a rechazar los fondos para la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública. También, se aprobaron los fondos para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y las Culturas, pero con algunos rechazos.
Al cierre de esta edición, continuaba el trámite de las partidas y quedaban pendientes por ejemplo Educación, Transporte, Gobiernos Regionales y Tesoro Público.
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