Más de 70% del gasto público en Chile está comprometido por normas permanentes

El Laboratorio de Gobierno, a pasos del Palacio de La Moneda y el Ministerio de Hacienda, fue nuevamente sede de la segunda jornada de los diálogos tributarios convocados por el Ejecutivo para retomar la tramitación de la reforma impositiva, luego de la inesperada derrota en la Cámara de Diputados el pasado 8 de marzo.

En el texto, Hacienda advierte de la alta rigidez de los recursos contemplados en el erario, señalando que más de 70% de los fondos están fijados por leyes permanentes, lo que los hace difíciles de redistribuir. En este contexto, la cartera explica que 20% del gasto total se destina al sistema de pensiones, que obedece a “compromisos legales”; 20% a educación, considerando las subvenciones, gratuidad y carrera docente; otro 20% a salud, asignado a hospitales, financiamiento de la Atención Primaria Salud, entre otros; 12% a materias de orden público y defensa.

En la convocatoria, los puntos en tabla eran la transparencia y eficiencia del gasto público, así como la estabilidad y certeza del sistema. Uno de los antecedentes principales para la discusión de los distintos grupos fue una minuta de 19 páginas que entregó Hacienda a los asistentes. En el documento, el Gobierno se hace cargo de uno de los debates que han surgido en el marco de los diálogos: aumentar la eficiencia del gasto público.

Esto “deriva en que el grueso de los recursos de la oferta programática está comprometido de manera más bien permanente”, señala el documento técnico. Y agrega que el resto de los recursos se distribuye en las 32 partidas presupuestarias, incluyendo los recursos asociados al Poder Judicial y Legislativo.

Lo que se está haciendo

El documento da cuenta del trabajo que ha realizado Hacienda y la Dirección de Presupuestos en el análisis de la oferta programática para determinar eventuales ajustes, en el marco de la “Agenda Mejor Gasto”. Así, destaca que los programas públicos mal evaluados en 2022 tuvieron una rebaja de 22,7% en su presupuesto para este año.

También aborda las modificaciones que se están realizando a través de análisis del gasto en personal y la alta fragmentación de la oferta programática, pero también hace un llamado al realismo. “Si bien el BID estimó en 1,8% del PIB la ineficiencia técnica del gasto público para Chile en 2018, esto no implica de modo alguno que existan US$5.500 millones en programas mal evaluados que estén disponibles para ser reutilizados en cualquier momento”, recalca el texto.

Destinos de la recaudación

Hacienda también entra a la discusión sobre en qué se gastarán los mayores ingresos fiscales en caso de aprobarse una reforma tributaria. Así, tomó como base el proyecto rechazado en la Cámara de Diputados, que agregaba 2,7 puntos del PIB en recolección de impuestos, a los que se agregaban 0,6 puntos gracias al nuevo royalty a la minería y 0,4 puntos del Producto de los nuevos impuestos correctivos. Esto resultaba en la meta de 3,6% del PIB de mayor carga fiscal en régimen.

Así, en el documento se explicita que de 2,7% del PIB, 1,19% irá a diversos temas relacionados a pensiones; 0,88% a Salud; 0,51% a protección social y seguridad; y 0,05% a cultura. En las primeras etapas de la discusión tributaria, en julio del año pasado, Hacienda distribuía la mayor recaudación (que ascendía a 4,1% del PIB en ese momento) a salud y pensiones (2,9%), desarrollo productivo y equidad territorial (0,7%, principalmente provenientes del royalty minero), 0,4% a educación y 0,3% al nuevo Sistema Nacional de Cuidados.

A lo largo de la discusión el destino de los fondos fue variando y en la recta final en la Sala de la Cámara de Diputados se incorporó seguridad como un foco de mayor gasto. En esta oportunidad, se le une cultura como un nuevo objetivo a solventar con la reforma.

En seguridad, o,06% del PIB iría a financiar un Sistema de Defensa de Víctimas que involucre todos los delitos, semejante a la Defensoría Penal Pública, así como el aumento de dotación de la PDI y Carabineros. También, se consideraba un aumento de US$86.8 millones de presupuesto de policías para los próximos tres años, así como una modernización del Ministerio Público.

En cultura, en tanto, se financiaría un proyecto de ley que entregara un marco regulatorio para la definición, asignación y uso de los recursos asociados a las Culturas, las Artes y el Patrimonio, revisando “de manera comprehensiva” los recursos y orientaciones del sector, dice Hacienda.