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Si la Comisión mantiene sus intenciones, y no atiende las demandas de estas operadoras, ambos casos se judicializarán en España y Europa
Las telecos alternativas -las rivales de Telefónica, con Masorange y Vodafone al frente- se han puesto en pie de guerra contra la Cnmc, el regulador del sector, al que acusan de favorecer los intereses de Telefónica, en la que el Estado, a través de la Sepi -dependiente del Ministerio de Hacienda-, es el primer accionista con 10% del capital y un consejero.
Los reproches de Masorange, Vodafone y el resto de telecos contra la CNMC -que depende del Ministerio de Economía- se centran en dos actuaciones. La primera es su decisión de subir un 20% de media el coste de los conductos (ductos en la jerga) que alquila Telefónica a sus rivales.
La segunda decisión hace referencia al proceso para suavizar las restricciones de precios y promociones que tenía impuestas Telefónica, a través del denominado test de replicabilidad.
Si la Cnmc mantiene sus intenciones, y no atiende las demandas de estas operadoras, ambos casos se judicializarán, ya que las telecos alternativas advierten de que defenderán sus derechos ante los tribunales mediante la interposición de recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional contra las dos decisiones de la Cnmc.
La respuesta no se limitará solo a los tribunales españoles, sino que también acudirán a la Comisión Europea, que tiene que dar su opinión sobre este tipo de cambios.
El gran motivo de enfrentamiento de las telecos alternativas con la Cnmc es la prevista subida en una media del 20% del coste de acceso a la infraestructura física de Telefónica (conductos, cámaras de registro, arquetas, postes...), un proceso que se recoge en la oferta Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (Marco).
La existencia de esa infraestructura, con conductos subterráneos que recorren las ciudades y pueblos españoles, es la base del llamado milagro español de la fibra óptica, puesto que la existencia de esa red de ductos -se creó para las líneas de cobre, pero se ha usado masivamente para desplegar las de fibra- ha facilitado mucho que tanto Telefónica como sus rivales hayan realizado despliegues de fibra a costes mucho más reducidos que en otros países como Alemania, que carecía de este tipo de infraestructuras.
Los reproches de las telecos alternativas a la Cnmc sobre este asunto se basan, por un lado, en lo que consideran una iniciativa imprevisible y no recogida en el plan de actuaciones de la Cnmc. Creen que debería haberse esperado para incluirla en el futuro análisis del mercado de banda ancha, que es el proceso natural para aprobar estos cambios.
Pero al haber separado -de forma arbitraria, en su opinión- esta actualización sobre los precios del análisis, las telecos consideran que se somete a todo el proceso a una gran incertidumbre, porque no se sabe cuándo ni cuánto se puede modificar de nuevo, ni cuál va a ser el elemento que desencadene esa nueva revisión.
Por eso, los operadores consideran que se desincentiva la inversión, ya que cualquier despliegue de fibra va a costar más y, sobre todo, puede estar sometido a unos cambios de precios impredecibles, lo que también puede afectar negativamente a la valoración para los inversores de la netco (empresa mayorista de fibra) que han creado Masorange y Vodafone, que aspira a una valoración de unos 9.000 millones de euros (US$9.511 millones).
Además, las telecos alternativas señalan que Marco es el segundo servicio más rentable de Telefónica, con un margen del 56%, según su contabilidad regulatoria, por lo que no era necesaria la subida.
Telefónica ingresa más de 70 millones de euros (US$ 73,9 millones) anuales por esta partida, según las mismas fuentes -en gran parte a costa de Masorange, que al tener el mayor despliegue alternativo con una red de fibra que cubre 17 millones de hogares, es, lógicamente, la que más paga-, por lo que la subida reportaría a Movistar 15 millones (US$ 15,8 millones) anuales adicionales, que saldrían directamente de los bolsillos de sus rivales.
Entre los reproches de los alternativos también se argumenta que Telefónica incluye en su oferta Marco algunas canalizaciones que no son suyas, por las que cobraría indebidamente, ya que fueron desplegadas en su momento por organismos públicos (ayuntamientos, diputaciones...), pero que no se pueden distinguir de las de Telefónica porque no existe un censo detallado que recoja la propiedad real de cada infraestructura.
En cuanto al test de replicabilidad, se trata de una medida impuesta en el pasado por la CNMC para impedir que Telefónica estrangulase los márgenes de sus rivales. Este test se implantó para garantizar que un rival pudiese replicar las tarifas y ofertas de Telefónica usando para ello las redes mayoristas que alquilaba el exmonopolio.
Para ello se analizaban las ofertas más emblemáticas -los empaquetamientos más vendidos- y se les aplicaba el test. Entre las restricciones de este test, también se incluía, muy específicamente, la prohibición de realizar promociones de contenidos deportivos prémium -es decir, fútbol- por más de 6 meses.
Sin embargo, con la modificación prevista -que también se ha separado del análisis de mercado- ya no se aplicará el test a cada una de las ofertas principales, sino al conjunto de todas las ofertas de Telefónica. Así, Movistar podría tener ofertas de precio muy alto, que no reclutasen apenas clientes, pero que subirían la media, permitiéndole tener precios más agresivos en los segmentos donde le interese en cada momento, sin la restricción de tener que rebajar el precio mayorista.
Además, la nueva norma ampliará de los actuales 6 meses a 12 meses el plazo que Telefónica podrá aplicar a promociones de precio sobre el fútbol, lo que le permitiría competir mejor con operadores como Vodafone, que no tienen fútbol.
Fuentes de Telefónica señalan que la modificación de Marco está orientada a ajustar los precios al coste real del servicio. Y que el cambio en el test de replicabilidad se explica porque la intensa competencia del mercado obliga a revisar la metodología para garantizar que las obligaciones impuestas a Telefónica son proporcionadas.
Los rivales de Telefónica se quejan de que las dos iniciativas de la Cnmc benefician al exmonopolio, que ahora está participado por el Gobierno, que se convirtió en su primer accionista con 10% del capital y tiene un consejero.
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