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Las elecciones en los Estados Unidos de América, además de dejar un claro ganador en materia presidencial para la primera economía del mundo, arrojaron otros resultados interesantes, tanto para los nacionales del país, como para otros grupos poblacionales que se circunscriben a él. En Puerto Rico, esa hermosa isla caribeña limítrofe con República Dominicana en su parte occidental, decidieron mayoritariamente que el país cambiara su estatus de Estado Libre Asociado y pasara a convertirse en parte integral de los Estados Unidos.
Los electores boricuas dieron su aprobación al hecho, a la vez que votaron por el más alto cargo político de la isla. Sin embargo, muy particularmente, las citadas elecciones bien podrían situarse en la contradicción, pues el gobernador en ejercicio, a partir de 2013, será opositor de la anexión.
Puerto Rico es un país que adelantó su independencia a la par con el resto de las poblaciones latinoamericanas. Desde principios del siglo XIX empezó a mostrar tímidos deseos por separarse de la monarquía española; quedándose sin madurar un proceso tan fuerte como el adelantado por todos los territorios continentales que lograron expulsar a la realeza de sus jurisdicciones. Hacia 1898, por medio del Tratado de París, Estados Unidos se hizo a la administración de Puerto Rico y de otras islas caribeñas perdidas por España en conflicto bélico directo con el país norteamericano.
Desde 1952, con el liderazgo del gobernador Luis Muñoz Marín, Puerto Rico pasó a ser un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Lo anterior implica libertad económica y política limitada al mandato de Washington, pero sin beneficios directos desde la capital estadounidense. Sin embargo, los nacidos en la isla reciben la ciudadanía aunque no tengan, por ejemplo, el derecho a votar por presidente para los Estados Unidos. Es decir, la constitución los cobija, pero no les da estrictamente los mismos derechos que tienen los ciudadanos de las 50 unidades políticas que conforman al país.
El elector boricua evaluó todas esas circunstancias. Incluyendo, además, el hecho de evidenciar las limitaciones del país en materia de defensa, acuñación de moneda, administración de aduanas y política comercial. Ante su evaluación, la determinación se orientó para que poco más de un 54% de los votantes precisara acabar con el estatus actual de Estado Libre Asociado y pidiera ser incorporado directamente al país de las barras y las estrellas. La decisión es histórica, pues nunca antes había existido mayoría a este respecto. Esta vez, la campaña del candidato a la gobernación boricua, Luis Fortuño (actual gobernador), tuvo la suficiente fuerza para persuadir al ciudadano de inclinarse en favor de la anexión directa.
Llama la atención que el gobernador electo sea quien se mostró todo el tiempo en contra de una decisión de ese tipo y no Fortuño. Las elecciones para gobernación las ganó Alejandro García, quien no se esforzará en tramitar ninguna opción legislativa para que al Congreso de los Estados Unidos llegue una iniciativa que discuta la vinculación de Puerto Rico con los Estados de la Unión.
Con lo anterior pareciera haber sido tiempo perdido el empleado en preguntar a los boricuas si deseaban cambiar su estatus político frente a Washington, pues se evidencia una tendencia estática en el tema.
A todas estas, y para evitar caer en la especulación, es conveniente analizar los hechos tal como sucedieron: a los isleños se les indagó sobre lo que esperaban de su vínculo con Washington. Un 61%, de la mayoría que apoyó el cambio de estatus político, reclamó la anexión de la isla a Estados Unidos. Esa mayoría, aunque votó un referendo que no tenía el carácter de vinculante, reclama ser realmente estadounidense, con todos los derechos y privilegios que eso implica. Sin embargo, al gobernador entrante la idea no le agrada.
Tal vez comparar la economía puertorriqueña con la de Mississippi, el Estado menos fuerte de toda la Unión, le motive a cambiar de opinión, pues contrastar las cifras resulta más que interesante. Sólo una de ellas para tener una idea: el PIB per cápita de Puerto Rico es inferior, en más de diez mil dólares, al de Mississippi.
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