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Informe encontró patrones que llevan al fracaso en las reformas y sistemas educativos, que le costarían millones a la economía mundial
McKinsey presentó su estudio “Spark & Sustain: Cómo todos los sistemas educativos del mundo pueden mejorar el aprendizaje a gran escala”, donde se evaluaron los métodos y mecanismos que tienen los países, en materia de escolarización, para impulsar el crecimiento y recuperación de la economía, tras la pandemia derivada del Covid-19. En el informe se estima que siete de cada diez estudiantes viven en situación de “pobreza educativa”.
La firma revela que es imperante mejorar la calidad y equidad de los sistemas educativos, a nivel mundial, formando a los jóvenes en temas tecnológicos, socioemocionales y cognitivos. Sugieren también que se deben capacitar a los niños en materias que les permitan abordar problemas sociales, por ejemplo, salud mental, polarización política y cambio climático.
“En la década que precedió la pandemia del COVID-19, el desempeño escolar en la mayoría de los sistemas se estancó o disminuyó. De los 73 países con datos longitudinales a lo largo de la última década, apenas 23 lograron alcanzar mejoras significativas, consistentes y sostenidas en los resultados”, explican desde McKinsey.
En el estudio aseguran que la mayoría de reformas educativas fracasan, de hecho, tan solo el 20% de los sistemas analizados alcanzan los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se registró un desempeño inferior a las metas propuestas, algo que pasó en todas las naciones latinoamericanas.
La pandemia trajo efectos muy negativos a la educación, en el informe aseguran que, la implementación del teletrabajo y la adopción del comercio electrónico hicieron un “efecto tijera”, pues se generó un cambio en la fuerza laboral, obligando a que los sistemas educativos tuvieran que implementar más áreas de aprendizaje, dejando a su vez un mayor déficit de conocimiento.
McKinsey elaboró una encuesta, donde se preguntó por las razones principales por las que fracasan las reformas educativas, encontrando cinco factores recurrentes. El primero es que hay prioridades opuestas, partiendo del hecho que la educación, en muchos casos, no se considera una prioridad.
Segundo es que el financiamiento a los sistemas es inadecuado, o no es equitativo. Tercero, es la falta de talentos educativos, le sigue la poca capacidad de implementación de dichas reformas, además de la “discontinuidad en el liderazgo”, y finalmente encontraron una resistencia a los cambios.
Dentro de los hallazgos, se determinó que solamente el 20% de los sistemas educativos analizados, alcanzó o cumplió con sus objetivos de aprendizaje. La encuesta se hizo a 400 personas aproximadamente, quienes se desempeñan como líderes de sistemas, donantes y filántropos, líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, académicos y consultores educativos
“Los sistemas en las bandas de desempeño más bajas como Colombia necesitan enfocar sus esfuerzos en desarrollar habilidades de alfabetización y matemática básicas, garantizar la disponibilidad de materiales para todos los alumnos, apoyar a los docentes con planes estructurados e implementar mecanismos de evaluación de la instrucción efectivos para reflejar los diferentes niveles de resultados de los alumnos”, detalla el informe.
A nivel Latinoamericano, el estudio alerta que ninguno de los países de la región tiene un “nivel bueno o avanzado”, en términos de educación. Chile y Costa Rica son las naciones con los mejores sistemas, mientras que se destaca que Perú y Brasil están implementando acciones de mejora. Colombia lo sitúan en “nivel inferior”.
Puntualmente sobre el caso peruano, McKinsey destaca el nombramiento de Jaime Saavedra como ministro de educación. Aseguran que fue un acierto que se reconstruyera el equipo directivo de la entidad gubernamental, con funcionarios de distintas áreas, que permiten enriquecer la gestión de la administración pública.
Otro de los casos que destacan es el de Ceará, en Brasil, donde las 150 escuelas con los mejores resultados del estado adoptaron a los 150 colegios con los peores resultados. La idea se fundamentó bajo la idea que, si la institución con peores resultados mejoraba, ambas recibían una recompensa económica, además de garantizar la mejora educativa.
“Se podría priorizar el reclutamiento, desarrollo y retención de docentes y líderes escolares de alta calidad; mejorar el bienestar de los estudiantes para aumentar la asistencia a clase y el aprendizaje; y garantizar la justicia y la equidad en la distribución de recursos, el modelo de gobierno y las operaciones”, recomienda el informe.
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