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A pesar de la cifra, se estiman que los daños han reducido en los últimos días, a partir del máximo alcanzando durante el jueves
El presidente Emmanuel Macron se reunirá con más de 200 alcaldes para evaluar los disturbios que han sacudido Francia, mientras que un despliegue policial masivo ha llevado a un descenso continuo en el nivel de disturbios durante la noche.
El lobby patronal francés Medef estimó en más de US$1.100 millones el coste de la violencia desde que el pasado martes la policía disparara contra Nahel, un joven de 17 años de ascendencia norteafricana, con 200 comercios saqueados y 300 sucursales bancarias y 250 estancos destruidos. La estimación abarca los comercios y no incluye los daños en escuelas, ayuntamientos o centros comunitarios.
La violencia ha puesto de relieve las tensiones de larga data por el racismo y la desigualdad en el país, especialmente en los barrios étnicamente mixtos de las ciudades y pueblos. La oposición en ambos extremos del espectro político ha aprovechado la crisis como evidencia de que el gobierno no está garantizando la seguridad pública y reduciendo la disparidad económica.
“Los videos de los disturbios que circularon por todo el mundo dañan la imagen de Francia”, dijo el jefe de Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, al periódico Le Parisien. “Siempre es difícil decir si el impacto será duradero, pero ciertamente habrá una caída en las reservas este verano, aunque la temporada parecía prometedora. Muchos ya han sido cancelados”.
Macron, que se reunió con policías y bomberos durante la noche en una muestra de apoyo, se reunirá con los alcaldes de más de 200 ciudades golpeadas por la violencia más tarde el martes para discutir la situación.
El número de detenciones siguió disminuyendo -bajó a 72 desde un pico de más de 1.300 el viernes- mientras las autoridades mantenían el despliegue de 45.000 policías y otras fuerzas en todo el país por cuarta noche.
El número de vehículos quemados o edificios dañados ha descendido cada noche desde el máximo alcanzado el jueves, según datos del gobierno. En total, cerca de 3.500 personas han sido detenidas desde que comenzaron los disturbios hace una semana.
El Ministro de Economía, Bruno Le Maire, se reunió con propietarios de tiendas en la ciudad de Arpajon, al sur de París, para hablar de las consecuencias de la crisis. En declaraciones a la prensa, dijo que las aseguradoras francesas han acordado ampliar de cinco a 30 días el plazo para que los propietarios de comercios reclamen los daños causados por los disturbios.
Las aseguradoras también estudiarán reducir las franquicias en las reclamaciones de los comercios independientes más afectados por la violencia y se han comprometido a pagar las indemnizaciones lo antes posible, dijo Le Maire. Además, el Gobierno podría suprimir las cargas sociales y fiscales para los comerciantes más afectados, añadió.
"Si tu tienda se ha quemado hasta los cimientos y el trabajo de toda una vida ha quedado reducido a cenizas, el Estado debe estar a tu lado", dijo. "Haremos todo lo necesario para que la actividad económica pueda retomarse con calma en nuestro país lo antes posible".
Además de los atentados contra edificios oficiales, uno en particular suscitó una condena generalizada: la embestida de un coche en llamas contra la casa del alcalde de L'Hay-les-Roses, un suburbio de París. Su mujer y sus dos hijos escaparon por una puerta trasera.
Los disturbios son otro campo de minas político para el Presidente francés, después de que este año impulsara un aumento de la edad de jubilación en Francia, precedido de meses de huelgas y protestas. Las imágenes de la policía antidisturbios luchando una vez más en las calles empañan aún más la reputación del país, lo que podría agravar la factura económica justo cuando el gobierno se enfrenta a la presión de acelerar la reducción de la deuda.
Los disturbios laborales y las manifestaciones callejeras se producen con regularidad en Francia, pero en los últimos años han adquirido un tono más intenso y conflictivo, reflejo de las divisiones existentes en la sociedad francesa. Antes de las protestas por las pensiones y la pandemia, el llamado movimiento de los Chalecos Amarillos causó daños materiales generalizados.
Nahel, cuyo apellido ha sido oficialmente retenido por las autoridades, fue enterrado el sábado en Nanterre, su ciudad natal, donde fue tiroteado a quemarropa en un coche. El agente que disparó ha sido acusado de asesinato y se encuentra en prisión preventiva. Laurent-Franck Lienard, abogado del agente, declaró a la radio Europe 1 que el policía creyó que tenía que disparar.
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