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Dirigentes civiles de una provincia en Arequipa acordaron realizar la protesta con marchas ciudadanas hasta que el Gobierno anule la autorización del desarrollo del proyecto Tía María
Pobladores del sur de Perú planean iniciar la próxima semana una protesta contra la licencia oficial para construir un importante proyecto de cobre, una medida que consideran una traición por parte del Gobierno del presidente Martín Vizcarra.
Dirigentes civiles de una provincia en la región de Arequipa acordaron en una asamblea realizar la protesta con marchas ciudadanas hasta que el Gobierno anule la autorización del desarrollo del proyecto Tía María, dijo el miércoles el alcalde de uno de los distritos más cercanos al emprendimiento minero.
Previendo un nuevo conflicto en el clave sector minero, el Gobierno envió la noche del martes unos 400 policías la provincia de Islay en Arequipa, donde en dos protestas anteriores contra el proyecto murieron al menos seis personas tras enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre en el mundo, anunció el martes que recibió del gobierno luz verde para construir su retrasado proyecto Tía María de 1.400 millones de dólares, aunque su desarrollo esperará hasta llegar a un consenso de la población.
"Esto es un golpe a traición que nos han dado porque nosotros seguimos esperando la presencia del presidente Vizcarra, para que él puede verificar en el sitio qué cantidad de población está en contra del proyecto", dijo a Reuters el alcalde del distrito Cocachacra, Julio Cornejo.
El "paro indefinido" comenzará el lunes, manifestó.
La empresa minera, del Grupo México, busca ejecutar este proyecto desde inicios de la década pero protestas de la población vecina al yacimiento -que temen la contaminación de la fuentes de agua y de sus tierras- retrasaron el plan.
En las protestas contra el proyecto cuprífero del 2011 y del 2015, además de los seis muertos, hubieron decenas heridos luego de choques con la policía para desbloquear la carretera.
La protesta podría frenar otra vez Tía María, en la que ya se han invertido 343 millones de dólares, según la empresa.
El prefecto de Arequipa, Hernán Vela, dijo que las fuerzas de seguridad que se trasladaron en la víspera hacia la provincia de Islay, a unos 950 kilómetros al sur de Lima, es en medida de prevención frente a una eventual protesta antiminera.
"Hay una mayoría silenciosa que está a favor de la minería y que se siente conminado por un grupo de gente bullicioso, que se aprovecha de la situación. Perú es un país minero", dijo Vela a Reuters, cuyo cargo es designado por el Gobierno. "Lo que no se puede es bloquear las carreteras, las vías públicas", afirmó.
Una licencia clave
El presidente Vizcarra, que antes había dicho que Tía María se desarrollaría sólo con el visto bueno de la población, no ha hablado sobre la licencia. Ante una pregunta de la prensa acerca de si planea viajar a la zona de conflicto, Vizcarra afirmó el miércoles: "Estamos dispuestos, como siempre", sin dar más detalles.
Analistas económicos consideran que la aprobación del Gobierno de la licencia de construcción de Tía María es clave porque gatillaría otras inversiones pendientes en el sector minero, muchos de ellos parados por conflictos sociales.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y el sector minero representa el 60% de sus exportaciones.
Southern Copper opera actualmente las minas Toquepala y Cuajone y la fundición de Ilo en el sur de Perú; y los yacimientos Buenavista y La Caridad en México.
Además de Tía María, Southern Copper tiene en Perú un plan para construir una nueva fundición de 1.300 millones de dólares; y los proyectos Los Chancas de 2.800 millones de dólares y Michiquillay de 2.500 millones de dólares. Este último lo compró en el 2018 y espera iniciar operaciones en el 2022.
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