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El gobierno de Canadá también mostró su preocupación por esta reforma que busca que más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la corte suprema sean elegidos por el voto popular
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos en respuesta a las declaraciones del embajador de ese país, Ken Salazar, sobre una controversial propuesta de reforma al Poder Judicial en la nación latinoamericana.
Salazar dijo el jueves que la elección directa de jueces, clave de la polémica reforma que ha espantado a inversionistas, constituye un "riesgo mayor" para la democracia de México. También afirmó que cualquier reforma debe tener "salvaguardas" para garantizar la independencia del Poder Judicial.
"Ha habido recientemente actos de falta de respeto a nuestra soberanía como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar. Ya se hizo una nota diplomática", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa.
"No aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponde resolver, dirimir, a los mexicanos", agregó López Obrador, quien culmina su mandato el 1 de octubre.
El embajador canadiense, Graeme C. Clark, también criticó la reforma en un evento celebrado el jueves por la tarde. "Mis inversores están preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas", afirmó.
El mandatario mexicano, conocido por su acrónimo Amlo, adelantó que también enviará una nota diplomática al Gobierno canadiense, aunque no dio más detalles.
La controvertida reforma busca que más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la corte suprema sean elegidos por el voto popular.
En rechazo, miles de trabajadores del sector iniciaron un paro laboral esta semana mientras el Congreso, de mayoría oficialista, se apresta a votar los cambios en septiembre.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada".
Entre otros cambios, la reforma propone reducir número de integrantes de la corte suprema de 11 a nueve, crear un órgano de administración autónomo, un tribunal disciplinario, una reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia y un esquema de justicia cívica y alternativa para despresurizar al sistema penal.
El gremio sostiene que la propuesta, presentada por el presidente saliente de México en febrero, atenta contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial para acceder a los cargos de juzgadores y que abre la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, copen el sistema de justicia con la elección popular de jueces.
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