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EL mecanismo de respuesta rápida en materia laboral puede tener como consecuencia el bloqueo de exportaciones o retiro de preferencias arancelarias
El pasado 26 de junio se agotaron los 45 días con los que contaba México para emitir una resolución sobre si se denegaron o no los derechos laborales de los trabajadores de la planta de la armadora en Silao, Guanajuato, y especialistas afirman que lo más seguro es que se aceptará que hubo fallas en la legitimación del contrato colectivo, por lo que en 10 días naturales el país deberá formular un plan de remediación
Ha terminado el plazo para que el gobierno de México responda al de Estados Unidos si existió o no la denegación de derechos contra trabajadores de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, cuando buscaban rechazar su contrato colectivo de trabajo (CCT) en abril. El pasado 26 de junio se cumplieron los 45 días que dicta el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (Mlrr) y especialistas prevén que la resolución será que, efectivamente, la hubo.
Para las autoridades mexicanas, el gobierno de este país se adelantó incluso a la presentación de la queja y tomó cartas en el asunto. Ningún país quiere llegar a una sanción comercial, por ello dieron un paso adelante en el proceso, afirmó en entrevista Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Stps).
El gobierno de México aceptó la queja que el 12 de mayo envió la Representación Comercial de Estados Unidos (Ustr, por su sigla en inglés). Pero desde un día antes resolvió reponer el proceso de legitimación del CCT. En un comunicado indicó que ratificaba “su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva”.
El voto libre, secreto y directo es uno de los pilares de la reforma laboral y del Capítulo 23 del T-MEC. Por ello, las “serias irregularidades” no sólo detonaron la primera reclamación entre gobiernos, sino también la suspensión de la votación, donde el Sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), es el principal protagonista.
Una vez que México presente los resultados de su investigación, inicia una etapa de consultas de 10 días, en la que Estados Unidos señalará si está conforme con el reporte. “En caso de que identifiquemos que sí hubo una denegación de derechos, proponemos un plan de reparación”, dijo Alejandro Encinas. Éste tiene que ser “razonable, proporcional a la falta cometida. Una vez que acordemos, se implementa adecuadamente. En ese momento se acaba el mecanismo laboral y la empresa sigue contando con todos los beneficios comerciales”.
Sin embargo, hay que cuidar el uso de este mecanismo, sostuvo, “porque tienes que equilibrar un buen clima para las inversiones y para la generación de fuentes de empleo. Entonces tienes que administrarlo bien, para que no haya un uso abusivo. Pero, por otra parte, sí coincidimos en que puede ayudar a avanzar en materia de derechos laborales”.
Informó que la Stps realiza campañas preventivas para evitar la activación del mecanismo. “Todavía hay una buena oportunidad para las empresas y, concretamente, para el centro de trabajo; pues no es todo General Motors, es GM Silao el que puede ser objeto de sanción. Los mecanismos de sanción anteriores eran a la cadena de producción de todo un país: al chile, al tomate. Éste ni siquiera es a un producto, es lo que se produce en un determinado centro de trabajo que niega derechos” sindicales.
Especialistas que dieron seguimiento al proceso legitimación del contrato colectivo afirman que la resolución emitida por la Stps el 11 de mayo es contundente y deja en claro que el sindicato cetemista impidió a los trabajadores manifestar libremente su derecho.
Ben Davis, integrante de la central obrera más importante de Estados Unidos, recordó que si en las consultas los gobiernos no llegan a un acuerdo, entonces se convoca a un Panel Laboral. Comentó que falta el proceso para conocer la sanción, pues el sindicato no entregó copia del CCT a todos los trabajadores. Además, se alteraron las actas de la votación.
La representación de la disidencia sindical confía que el fallo de la Stps señale la denegación de los derechos laborales. Pero, principalmente, espera que en el proceso de remediación se escuche a trabajadoras y a trabajadores, “que son los destinatarios y los principales involucrados”, dijo la abogada Patricia Juan Pineda.
Son tres sus demandas para la reparación del daño: revisión del protocolo de legitimación, con normas más claras, transparentes y eficientes. Luego, una “vigilancia real de la autoridad laboral para que los procesos se efectúen conforme a la ley”, que el monitoreo sea antes, durante y después de la elección.
Más que el día de votación, los días previos y posteriores son “los más peligrosos”. Como prueba, están 15 personas despedidas a raíz de este proceso, una de ellas, embarazada, afirmó. Por ello, la tercera petición son medidas de protección para quienes participan. Adelantó que presentarán “quejas antes las instancias correspondientes contra el Estado mexicano, la empresa y la CTM por no garantizar la integridad de los trabajadores”.
Lamentó que la Stps “desconozca a los trabajadores y al grupo que los representa legalmente”, pues durante este periodo de 45 días le solicitaron información sobre el desarrollo de la investigación, pero no les fue compartida. “Resulta ilógico que excluyan a los trabajadores cuando se resuelve un asunto en el que ellos son los principales involucrados”.
Para la abogada, al hablar sobre la legitimación del contrato colectivo en GM Silao, “debemos entender que es uno de protección patronal, y que sindicato y empresa trabajan a la par para mantenerlo”. En general, esta etapa de la reforma laboral “está mostrado que las legitimaciones no son reales. Los grupos de protección patronal se están fortaleciendo”.
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