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Varios estados occidentales han presionado a la funcionaria para que se dictamine sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad
La máxima responsable de derechos humanos de Naciones Unidas dijo el lunes que esperaba acordar los términos para una visita este año a China, que incluya la región de Xinjiang, para examinar las denuncias de graves abusos contra uigures musulmanes.
Es la primera vez que Michelle Bachelet sugiere públicamente un calendario para la visita, para la cual su oficina ha estado negociando los términos desde septiembre de 2018.
La misión china en la ONU en Ginebra, contactada por Reuters para que comentara el asunto, dijo que Xinjiang y Hong Kong eran "partes inalienables del territorio de China" y que no toleraba "ninguna interferencia de fuerzas externas".
Su portavoz, Liu Yuyin, dijo después en un comunicado que China daba la bienvenida a la visita de Bachelet, también a Xinjiang, pero que debía ser "amistosa" y destinada a promover la cooperación "en lugar de hacer una llamada 'investigación' bajo presunción de culpabilidad".
Bachelet está sometida a una creciente presión de los estados occidentales para que consiga un acceso sin restricciones a Xinjiang, donde los activistas afirman que más de un millón de uigures y otros musulmanes turcos han sido retenidos en campos, algunos de ellos maltratados o sometidos a trabajos forzados.
Pekín niega las acusaciones y describe los campos como instalaciones de formación profesional para combatir el extremismo religioso.
"Sigo discutiendo con China las modalidades de una visita, que incluya un acceso significativo a la región autónoma uigur de Xinjiang, y espero que esto pueda lograrse este año, especialmente porque siguen apareciendo informes de graves violaciones de derechos humanos", dijo Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado este año informes que documentan prácticas que, según ellos, podrían cumplir los criterios de crímenes contra la humanidad en Xinjiang.
Bachelet dijo al Consejo que la ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong hace un año había tenido un "impacto escalofriante" en el espacio democrático y en los medios de comunicación de la antigua colonia británica.
Agregó que 107 personas habían sido detenidas en virtud de la ley, incluidas 57 acusadas formalmente, y que los primeros juicios debían celebrarse esta semana.
"Esta será una importante prueba de independencia del poder judicial de Hong Kong en su voluntad de defender las obligaciones de Hong Kong en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo con la Ley Básica", dijo.
Funcionarios del gobierno de Pekín y Hong Kong afirman que la ley de seguridad nacional es necesaria para evitar amenazas y que se están protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos de Hong Kong.
Pekín ha negado anteriormente las afirmaciones del gobierno estadounidense y de otros países de que ha utilizado piratas informáticos
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