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Margarita Robles, ministra de Defensa de España, conversa con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El ministerio pide mayor información a Saudi Telecom
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STC puede tener entre 5% y 9,9% siempre que prometa no ejercer los derechos políticos por encima de ese nivel ni entrar al consejo
En la solicitud de autorización para llegar a 9,9% de la empresa española, el grupo árabe tendrá que explicitar si quiere entrar al consejo e influir en su gestión.
Saudi Telecom Company (STC) va a tener que detallar claramente los objetivos que persigue con la compra del 9,9% de Telefónica si quiere obtener el permiso del Gobierno español para ejercer los derechos políticos sobre esa participación, valorada en 2.100 millones de euros (US$2.246).
El Ministerio de Defensa acaba de actualizar los requerimientos de información que pide a los inversores extranjeros que compran más de 5% en empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas españolas, caso de Telefónica por sus servicios de comunicación y tecnología al Ejército.
El endurecimiento de esa tramitación coincide con la irrupción de STC en la operadora, aunque responde a la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de una nueva Ley de inversiones foráneas en activos estratégicos españoles.
Según las nuevas instrucciones del Ministerio que dirige Margarita Robles y que han sido remitidas a STC y sus abogados, este grupo debe declarar en su solicitud todos los detalles sobre su estructura accionarial, su negocio, su situación financiera, sus gestores y sus actividades.
Más importante en este caso es que la empresa saudí tiene que explicar "los objetivos de la inversión y los planes y medios para conseguirlos". En concreto, Defensa quiere que STC confirme si desea entrar al consejo de administración de Telefónica, si aspira a tener negocios conjuntos y sus intenciones con los centros de trabajo y empleos del antiguo monopolio español.
STC es asesorado por Linklaters a la hora de presentar la solicitud de autorización. Este mismo bufete trabajó con el fondo australiano IFM en su oferta pública parcial sobre Naturgy, que también vivió un polémico proceso de tramitación.
Al final, esta transacción fue aprobada por el Gobierno con condiciones, algo que muchos analistas creen que volverá a pasar ahora. Si la operación es rechazada, como piden algunos miembros del Ejecutivo, STC puede tener entre 5% y 9,9% siempre que prometa no ejercer los derechos políticos por encima de ese nivel ni entrar al consejo.
Aunque la inversión de STC debe iniciar el proceso de autorización en Defensa y la de IFM se elevó a Industria, luego siguen una ruta similar. Una vez tramitada por el ministerio respectivo, se eleva a la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), órgano interministerial con presencia del CNI y del equipo de seguridad de Moncloa, que a su vez pasa una propuesta de luz verde o veto al Consejo de Ministros. En total, hay tres meses para tomar la decisión, aunque el reloj se detiene cada vez que la administración solicita más información.
En principio, se espera que STC reitere a Defensa lo comunicado la semana pasada al anunciar la inversión en Telefónica: se trata de una operación amistosa y de apoyo a la estrategia y dirección de la empresa española. Lo lógico, si ejerce los derechos políticos por su 9,9%, es que pida entrar al consejo, como CaixaBank y BBVA.
Por ahora, no ha habido notificación oficial de STC al Gobierno, según señaló ayer la titular de Economía, Nadia Calviño, que informó de que no mantuvo contacto alguno con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, durante la cumbre del G20 en Nueva Delhi.
Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano saudí que controla el 64% de STC, muestra un papel activo en muchas de sus participadas internacionales. El gobernador del fondo y presidente de la petrolera Aramco, Yasir al-Rumayyan, ha sido consejero de Uber, Softbank y Arm Holding, y ahora sigue en el órgano de administración de la empresa india Reliance Retail, con solo 2%, además de presidir el Newcastle.
Uber tuvo como uno de sus primeros inversores al fondo soberano saudí Public Investment Fund (PIF), que aportó US$3.500 millones en 2016. Tras esa inversión, Yasir Al-Rumayyan entró al consejo de la compañía, pero acaba de dejar este puesto. PIF mantiene alrededor del 3,5% del capital de Uber, que cotiza en la Bolsa estadounidense.
La mayor inversión internacional de PIF, valorada en más de US$9.000 millones, se concentra en el fabricante de coches eléctricos Lucid Group. El fondo soberano controla 60% del capital de la empresa, cotizada en el Nasdaq, y tiene situado como presidente a Turqi Alnowaiser, que es el vicegobernador del fondo soberano saudí.
PIF tiene un compromiso para invertir US$45.000 millones en Vision Fund, el vehículo de inversión tecnológica del grupo japonés Softbank. Yasir al-Rumayyan era consejero de Arm Holdings, el fabricante de chips que va a salir a Bolsa, pero dejó el cargo este año después de que Softbank comprara la participación de Vision Fund.
La peor inversión internacional de los saudíes en los últimos años es la realizada en Credit Suisse. En 2022, el Saudi National Bank (SNB) pagó unos 1.500 millones por 9,9% de la entidad suiza, pero no entró al consejo. En marzo, unas declaraciones del entonces presidente del SNB descartando poner más capital en Credit Suisse precipitaron su caída y rescate por UBS.
La solicitud de autorización de una inversión extranjera en una compañía española vinculada al sector de Defensa debe ir acompañada de una exhaustiva información dividida en tres apartados: datos sobre la firma donde se pretende invertir, una radiografía del comprador y el plan de negocio previsto.
En muchos de los casos, las operaciones tardan muchos meses en aprobarse, por las peticiones de más información que realiza la administración.La adquisición del fabricante español de municiones Expal por parte del grupo alemán Rheinmetall fue examinada durante siete meses.
En el apartado sobre la empresa española objeto de la inversión, además de los datos básicos de identificación, hay que aclarar los negocios relacionados con Defensa que hace ahora o que pretende hacer en el futuro, y una memoria explicativa de la situación económica-patrimonial.
El inversor extranjero debe esclarecer su estructura accionarial, la composición de los órganos de dirección, las actividades principales, los estados financieros y en un anexo hay que reflejar los contratos que ya se tiene con el Ministerio de Defensa o con terceros.
Por último, hay que definir el importe de la inversión y los "objetivos comerciales, estratégicos o corporativos". Existe un anexo para detallar el "plan de negocio sobre la empresa española y sus filiales, medios aportados para conseguirlo y evolución de centros de trabajo y empleos".
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