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El ministro de Economía quiere evitar que algunas variables se disparen tras las elecciones, y confeccionó junto a su Gabinete los lineamientos
El ministro de Economía, Sergio Massa, no quiere que algunas variables de la economía entren en ebullición tras las Paso (elecciones primarias), y ya tiene una hoja de ruta armada para lo que serán los primeros días postelectorales. Se trata de 10 puntos centrales que atacan varios ejes, aunque se destacan la búsqueda de un Presupuesto 2024 con déficit cero y la firma de contratos con el BID y el Banco Mundial por US$500 millones.
Además, dentro del camino previsto se destacan:
Uno de los puntos más salientes de este plan de trabajo, sin dudas, es la idea de alcanzar el déficit cero en 2024. La semana que viene está previsto que se convoque a los funcionarios del área para plantear un escenario que compatibilice el cálculo de recursos y el flujo de gastos públicos que garantice el financiamiento y resultados de las políticas públicas prioritarias.
Por otra parte, se propondrá al Congreso la aprobación de una Ley de Presupuesto para 2024, cuyo resultado sea déficit primario cero. Además, se hará foco en la necesidad de continuar durante el año próximo con una administración fiscal ordenada.
El eje también estará puesto en el cuidado de los dólares, y aquí tiene un gran peso el uso de divisas para importar. La idea de Massa es ampliar los beneficios tributarios para aquellos importadores que cancelen sus compras en el exterior con dólares blanqueados a través del Régimen de Incentivo a la Inversión y a la Producción.
En este caso se suspenderán las percepciones del IVA (20%) y Ganancias (6%) que recaen sobre las importaciones. También eximirá, a quienes hagan operaciones con sus propias divisas a través de este régimen, del pago de 7,5% de Impuesto Pais sobre los bienes.
El blanqueo tenía, como única obligación, el pago de una alícuota especial sobre el total declarado, que se elevaba en función del momento de adhesión. Hasta el 1 de marzo fue de 5%, pasó a 10% para los que entraron hasta mayo, y llega a 20% para quienes accedan antes del 24 de noviembre próximo.
En materia de financiamiento, la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, que comanda Marco Lavagna, le informó a Massa que están listos para firmar contratos de nuevos créditos por algo más de US$500 millones.
Dentro de este paquete aparecen US$400 millones que llegarán desde el Banco Mundial, además de dos desembolsos del BID. Uno de US$75 millones como parte del Programa de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande, y otro de US$35 millones para el Programa de Apoyo a las Exportaciones de la Economía del Conocimiento.
Por otro lado, también hay contratos pendientes a la firma. Uno tiene que ver con el Programa de Conectividad Urbana, por US$75 millones, y el otro es el Programa Caminos Rurales Productivos, por otros US$100 millones. Entre los que ya tienen todos los pasos burocráticos cumplidos y aquellos que se encuentran en trámite, Economía tiene previsto recibir fondos de organismos internacionales por un total de US$1485 millones.
Economía planea también avanzar sobre la licitación del Gasoducto Reversal del Norte ya que se enviaron las notas del Banco Central para proceder al pago del adelanto para la adquisición de las cañerías y avanzar en este proceso.
Aquí lo que se proyecta es incrementar la exportación de gas y dejar de importarlo de Bolivia, una noticia muy importante para lo que tiene que ver con la salida y entrada de dólares.
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También se tratará la licitación de generación de energía térmica, y en este caso se prorrogará el plazo para presentación de ofertas hasta 26 septiembre.
La Secretaría de Comercio comenzará a citar a las empresas de consumo, a partir del 16 de agosto, para comunicarles los nuevas condiciones que deberán cumplir las firmas que se sumen al programa Precios Justos, que tiene que ver con el análisis que se realizó sobre el impacto que tiene este programa en las estructuras de costos de las empresas.
Según este trabajo, esa influencia de las alícuotas aplicadas sobre los productos alcanzados es en promedio ponderado de 1,2%, por lo que se desestimarían incrementos fuertes como los que pretende la industria.
Ya con esto en la mano, Comercio buscará la implementación de herramientas que mejoren sustancialmente el costo de financiamiento de las importaciones, por parte de las empresas que suscriban los acuerdos.
Los primeros llamados llegarán a las empresas proveedoras y comercializadoras de productos de la canasta básica ofertados en comercios mayoristas, de proximidad y supermercados.
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