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La sesión fue iniciada tarde el lunes luego que fuera suspendida a instancias de Bolivia, que debía asumir la presidencia del Consejo Permanente del organismo multilateral y que calificó el encuentro de ilegal.
El comunicado resolvió: "Instar al gobierno de Venezuela a actuar en los próximos días para restaurar la separación de los poderes constitucionales y la plena autoridad de la Asamblea Nacional".
Más tarde, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se incorporó a la sesión tras la aprobación de la resolución, dijo que la medida era "un paso para recuperar el restablecimiento de la democracia en ese país".
República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador se abstuvieron de votar a favor de la resolución. Los representantes de Venezuela y Bolivia se retiraron de la plenaria.
Según la resolución, el organismo está dispuesto a apoyar las medidas que permitan el "retorno del orden democrático" en el marco de la Constitución venezolana.
Asimismo, el Consejo Permanente agregó que emprenderá "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana".
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La reunión se inició cuando Honduras asumió temporalmente la conducción del Consejo Permanente, luego de protestas de Costa Rica y México por la suspensión del encuentro.
La sesión fue convocada ante la crisis que se desató la semana pasada en Venezuela cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló funciones del Parlamento dominado por la oposición, una decisión que fue inesperadamente criticada por la propia fiscal general, Luisa Ortega.
Sobre ese punto, el Consejo Permanente de la OEA declaró que las decisiones de la máxima corte del país son "incompatibles" con la práctica democrática.
"A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático", dice la declaración de la OEA.
El máximo tribunal revirtió el sábado parte de las sentencias, que también habían limitado la inmunidad de los parlamentarios.
Pero el cuerpo legislativo alega que pese a la marcha atrás del Tribunal, su labor seguirá bloqueada por la máxima corte que le ha impedido aprobar leyes desde que asumió funciones en el 2016 acusándola de "desacato".
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Sobre el asunto de las costas, el Tribunal declaró que la demandante debe asumir sus propios costos de representación y otros gastos
En una carta, publicada el mes pasado, en la que pedía a Pemex el pago de deudas atrasadas que suman US$5,114 millones