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Los legisladores instan a impedir la continuación de la venta a través de sus poderes económicos y revocar la política de sanciones
La oposición venezolana está intensificando sus esfuerzos de cabildeo en Washington, tratando de persuadir a la administración Biden para que intervenga en la venta ordenada por un tribunal de la empresa matriz de Citgo Petroleum Corp. en Estados Unidos.
La compañía es el activo extranjero más importante de la nación sudamericana y sus acciones se subastarán el 15 de julio. La oposición teme que Nicolás Maduro pueda culparlos por la pérdida de Citgo antes de las cruciales elecciones presidenciales previstas para finales del próximo mes.
Por eso, la junta ad hoc nombrada por la oposición que representa a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA en los tribunales estadounidenses está buscando apoyo del Congreso para medidas que podrían salvaguardar el activo de los acreedores.
En una carta enviada el miércoles a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y al fiscal general, Merrick Garland, un grupo bipartidista de legisladores insta a la administración a “impedir la continuación del proceso de venta a través de sus poderes económicos, revocar su política de sanciones favorables y licencias con respecto a la venta anunciada en mayo de 2023” y establecer un proceso alternativo “equitativo y ordenado” para resolver reclamos contra el gobierno de Venezuela y PDVSA.
Las representantes Debbie Wasserman Schultz y María Elvira Salazar, demócrata y republicana de Florida respectivamente, fueron coautoras de la carta. Otros firmantes incluyen a los representantes demócratas Joaquín Castro, Robert Menéndez, Jared Moskowitz, Darren Soto y Susan Wild, así como Carlos Giménez y Michael Waltz del lado republicano de la Cámara.
Es un esfuerzo de último minuto para evitar la venta de la matriz de Citgo, PDV Holding, que está siendo objetivo de decenas de acreedores para pagar más de US$20.000 millones en reclamaciones contra Venezuela. El proceso, iniciado por una empresa minera canadiense cuyos activos fueron expropiados por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, está siendo dirigido por el juez de distrito Leonard Stark en Delaware. La próxima semana se realizará una ronda final de ofertas.
La junta ad hoc de PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. Hace dos semanas, Horacio Medina, jefe del grupo designado por la oposición, visitó la capital estadounidense para reunirse con miembros del Congreso y conseguir apoyo a medida que se acercaban la venta de acciones y las elecciones venezolanas.
“El momento es increíblemente estúpido. Es un regalo para Maduro”, dijo Elliott Abrams, ex enviado especial de la Casa Blanca para asuntos de Venezuela, en una publicación de blog publicada el domingo. “Las demandas están en marcha desde 2017. ¿Deben terminar días antes de las elecciones en Venezuela?”
Los firmantes de la carta del Congreso expresaron preocupación por las posibles consecuencias que tendría la venta de Citgo en la transición de Venezuela a la democracia. También dijeron que proteger el activo de la incautación sirve a los objetivos de seguridad regional de Estados Unidos.
En lugar de la subasta de Citgo, pidieron que se establezca un proceso de la Comisión de Resolución de Reclamos Extranjeros, señalando que se ha utilizado anteriormente en Cuba, Irak y Sudán. La comisión es una agencia independiente del Departamento de Justicia que juzga reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra gobiernos extranjeros.
El directorio ad hoc de PDVSA, así como un comité político encargado de proteger los activos extranjeros de Venezuela, han estado luchando en los tribunales sin mucho éxito para mantener el control de la empresa matriz de Citgo, mientras intentan resolver algunos de los reclamos más urgentes para evitar la venta de proceder. Incluso han considerado declararse en quiebra bajo el Capítulo 11 como una forma de retrasar la pérdida del activo.
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