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Julian Assange, disputa su no extradición a EE.UU. por Wikileaks
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El fundador de Wikileaks, ubicado en Londres, no será subido a un avión en el corto plazo por las nuevas medidas legales
La extradición a EE.UU. de Julian Assange se retrasó nuevamente después de que los jueces de Londres le dieran al fundador de Wikileaks otra oportunidad de presentar una apelación. Después de más de una década de disputas legales, los jueces británicos dieron a Assange alguna esperanza de un indulto. Esto significa que el fundador de Wikileaks, que se encuentra en prisión o en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, no será subido a un avión en el corto plazo.
Dos jueces de Londres dictaminaron el lunes que Assange podía presentar una apelación en toda regla después de que sus abogados argumentaran exitosamente que las garantías estadounidenses sobre sus derechos de la primera enmienda no iban lo suficientemente lejos. Si las garantías se hubieran considerado suficientes, Assange podría haber sido extraditado en unos días.
Estados Unidos acusó a Assange de ayudar a la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning a obtener alrededor de 750.000 documentos clasificados o sensibles, una de las mayores filtraciones de secretos de estado en la historia de Estados Unidos. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos, aunque las sentencias por delitos federales suelen ser inferiores.
El presidente Joe Biden dijo a los periodistas el mes pasado que el gobierno estaba considerando una solicitud del gobierno australiano, el país de origen de Assange, para que abandonara el caso. También se dice que los funcionarios estadounidenses están considerando un acuerdo de culpabilidad, según una persona familiarizada con el asunto.
Jennifer Robinson, abogada de Assange, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que su equipo legal está trabajando estrechamente con el gobierno australiano para intentar encontrar una resolución al caso. Assange cuenta con el apoyo del primer ministro Anthony Albanese, quien dijo que ya pagó un precio significativo y se le debería permitir regresar a Australia.
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