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La comisión controlada por la oposición denunció a través de un informe que la corrupción en Petróleos de Venezuela ha sido de amplia escala.
La pesquisa se enfocó en 11 casos, que van desde un escándalo bancario en Andorra, al presunto sobreprecio en la compra de equipos petroleros y el manejo indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de la firma.
"Estamos hablando de US$11.000 millones que no se pueden justificar. US$11.000 millones que no hay forma de saber dónde están, por qué se utilizaron, en qué se utilizaron", dijo el diputado y presidente de la comisión, Freddy Guevara.
Las acusaciones se basan parcialmente en documentos de Pdvsa, documentos la firma auditora de Pdvsa, KPMG, e investigaciones penales fuera del país, además de entrevistas.
El comité enfocó su investigación en el período en el que Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela ante Naciones Unidas, ejerció la presidencia de la petrolera estatal.
Pdvsa ha estado envuelta en varios escándalos de corrupción en los últimos años.
En junio, un empresario venezolano se declaró culpable en Estados Unidos de cargos por participación en una trama corrupta de unos US$1.000 millones, para obtener contratos con la petrolera.
Y el año pasado, la autoridad financiera de Andorra intervino la Banca Privada de Andorra (BPA) a raíz de una denuncia de Estados Unidos por presuntas malas prácticas, que involucran el lavado de unos US$4.200 millones de fondos de Venezuela.
Bajo la luz de sus hallazgos, la comisión recomendará a la plenaria del Parlamento, declarar la "responsabilidad política" de Ramírez en las irregularidades y aplicar voto de censura, que conduzca a la destitución del presidente actual de la firma, Eulogio Del Pino.
Los diputados del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) no acudieron a la sesión de la comisión.
Se espera que el informe sea ratificado por la plenaria del Congreso, de mayoría opositora.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro, apoyado en decisiones del máximo tribunal del país, insiste en que la Asamblea unicameral está en desacato y actuando al margen de la ley, por lo que sus decisiones no son válidas.
Plantea un reto para el Gobierno, que debe encontrar un equilibrio entre las condiciones salariales y la sostenibilidad económica
Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
El dinero recaudado se destinará a mitigar efectos del cambio climático, incluida la adaptación de carreteras, sistemas de tránsito, entre otros
