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Manifestantes durante una huelga contra las políticas de Javier Milei en Buenos Aires, el 24 de enero.
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Analistas están pendientes al número de personas que se sumen a las manifestaciones para entender el peso de los sindicalistas
El movimiento sindical argentino lleva a cabo una huelga general que pondrá a prueba el apoyo popular al plan de austeridad del presidente argentino, Javier Milei, a menos de dos meses de su llegada a la presidencia.
El paro organizado para este miércoles por la CGT, una de las agrupaciones gremiales más antiguas y poderosas de la nación sudamericana, ayudará a establecer el tenor del debate mientras el economista libertario busca reducir el tamaño del Estado en un intento por controlar una inflación de tres dígitos.
Según señaló en entrevista el analista político Raúl Timerman, dependiendo de cuánta gente movilice, el sindicato podrá demostrar cuánto peso tiene en la mesa de negociaciones.
Después de asumir el cargo en diciembre, Milei promulgó un decreto que desregula vastos sectores de la economía y envió al Congreso un amplio paquete de reformas de libre mercado. Si bien la CGT impugnó con éxito las disposiciones laborales del decreto en la justicia, la votación del llamado proyecto de ley ómnibus pasaría a la Cámara Baja este mismo jueves.
Milei se ha apegado a la retórica grandilocuente de su campaña, pero también ha dado un giro pragmático al retirar de su paquete de reformas legislativas una propuesta de privatización de la petrolera estatal YPF. La aprobación del proyecto de ley será crucial para que su Gobierno cumpla los objetivos establecidos por el Fondo Monetario Internacional en su última revisión del programa de ayuda de US$44.000 millones a Argentina, el mayor del organismo multilateral.
“Si la protesta es masiva, será más difícil que los legisladores voten a favor del Gobierno”, dijo Timerman, director de la consultora Comunicaciones Sudamericanas, con sede en Buenos Aires. “Pero si la protesta fracasa, quedará claro que Milei todavía cuenta con el apoyo de la población”.
También será reveladora la respuesta de las autoridades a la protesta, el primer paro convocado tras una investidura presidencial en Argentina.
A pocos días después de que Milei asumiera el cargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se desplegarían fuerzas federales para mantener las calles despejadas. Su equipo de prensa reiteró esa promesa el martes, y la semana pasada el vocero de la presidencia dijo que a los empleados públicos que participen en la huelga se les descontaría un día de sueldo.
La CGT, que espera la participación de 200.000 personas, parece impávida. Héctor Daer, secretario general de la central obrera, respondió a Bullrich en una entrevista radial el martes: “¿Me llevo a upa a los 40.000 camioneros que voy a movilizar?”
Está previsto que los paros comiencen a mediodía y se prolonguen hasta medianoche, mientras que el transporte público funcionará hasta última hora de la tarde para facilitar el acceso a las manifestaciones. Las protestas están encabezadas por sindicatos que representan a camioneros, trabajadores de la salud, de la construcción y de gasolineras.
La huelga ya ha alterado el transporte. Aerolíneas como Gol Linhas Aéreas, Aerolíneas Argentinas SA y JetSmart han anunciado cancelaciones o retrasos en sus vuelos a Argentina, mientras que navieras, como la Agencia Marítima Nabsa SA, comunicó a sus clientes que las protestas afectarán las operaciones portuarias.
El partido de Milei cuenta con solo 15% en la Cámara Baja y un 10% en el Senado, mientras que el movimiento peronista al que derrotó y sus aliados de izquierda tienen poco menos de la mitad de los votos en cada cámara. Los libertarios dependen del apoyo del principal bloque de oposición proempresarial fundado por el expresidente Mauricio Macri y de miembros más moderados de otros dos partidos para sacar adelante sus reformas.
La huelga podría inclinar la voluntad política a favor de Milei si une a un grupo político fracturado que presiona por un cambio, según el politólogo Gustavo Marangoni.
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