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Pedro Sánchez, presidente de España
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El Gobierno de España se esforzará en acelerar su implantación global para desincentivar la fuga patrimonial a otros países
Pese a su incierta capacidad para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuya tramitación coincidiría con los congresos de Junts y ERC, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado decidiéndose por impulsar el proyecto de todas formas, tras abortar las cuentas de 2024 por la inestabilidad política en Cataluña.
Así, mientras que el Consejo de Ministros se prepara para poner en marcha el proceso el próximo martes aprobando el techo de gasto para 2025 y una nueva senda fiscal -después de que Junts tumbara su primera propuesta-, en el Ministerio de Hacienda trabajan ya en el diseño del paquete tributario que acompañará las cuentas, bajo la batuta del propio Sánchez y tratando de contentar al mayor número de socios parlamentarios.
El lote busca, a la vez, conseguir nuevos recursos para apaciguar a las comunidades autónomas tras el pacto de financiación singular para Cataluña; cumplir con las nuevas reglas fiscales; acometer la reforma tributaria que Bruselas exige a cambio de las ayudas europeas; y revertir las rebajas universales desplegadas frente a la inflación, tratando de convencer de paso al mayor número de diputados posible de apoyar las cuentas.
En este marco, el Gobierno baraja nuevas subidas fiscales al capital; una vuelta de tuerca a la imposición verde; la perpetuidad de los tributos a banca y energéticas; o la restitución de los tipos tradicionales de IVA en energía y alimentos.
Algunas de las claves del plan fiscal los desveló Sánchez, este miércoles, en el acto de apertura del curso político. "Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen, y de los que se benefician, ciertas elites de nuestro país y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas", anunció.
"Lo haremos no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto", apostilló, defendiendo que "España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, más autobuses y transporte público y menos Lamborghinis".
A falta de ver en qué se concretan sus anuncios, Sumar, socio minoritario del Gobierno, viene anticipando que su prioridad es seguir elevando la presión tributaria sobre las rentas del capital (depósitos o fondos de inversión) para equipararlas a las del trabajo.
En este sentido, los Ejecutivos de Sánchez ya han incrementado los tipos del Irpf sobre el ahorro, e introducido nuevos tramos (19% incial; 21% desde US$6656; 23% desde 5US$5.467; 27% desde 221.870; y 28% desde US$332.805), pero queda margen aún hasta tipo marginal de 47% aplicable a rentas el trabajo desde US$332.805. Las palabras de Sánchez parecen anticipar una nueva vuelta de tuerca a los contribuyentes más acaudalados por la vía del Irpf.
Del lado patrimonial, la realidad es que el nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (con tipos de 1,7% desde los US$3,3 millones; 2,1% desde los US$5,5; 3,5% desde los US$11 millones) ha neutralizado las bonificaciones autonómicas sobre Patrimonio y supera ya el tipo de 2% del nuevo "impuesto a los superricos" que el G-20 estudia impulsar internacionalmente para fortunas de más de US$1.109 millones.
En este caso, más que en anticipar su aplicación patria, el Gobierno español se esforzará en acelerar su implantación global para desincentivar la fuga patrimonial a otros países.
En paralelo, el Gobierno trabaja ya en la conversión en impuestos permanentes de los gravámenes temporales sobre grandes bancos y empresas energéticas, que se modularán para contentar a socios como el PNV (que exige incentivar las inversiones en electrificación).
A su vez, España tiene pendiente acometer la reforma fiscal que Bruselas exige a cambio del quinto pago de ayudas Next Generation, por US$7.987 millones, para acercar la tributación nacional al a media europea.
En este terreno, fuentes conocedoras de la negociación desvelan que la Comisión Europea ha puesto el foco en la necesidad de desarrollar la fiscalidad medioambiental, y en particular se ha planteado la equiparación tributaria pendiente del diésel a la gasolina, que elevaría la recaudación estatal en US$2.662 millones, según la Airef.
Finalmente, en aras de cumplir las recomendaciones comunitarias de acabar con las ayudas universales y de ceñirse a las nuevas reglas fiscales, el Ejecutivo cuenta con culminar la normalización de los tipos de IVA e Impuestos Especiales reducidos o suprimidos de forma extraordinaria para hacer frente a la inflación.
Se trata fundamentalmente de las rebajas sobre la energía, que ya han comenzado a revertirse, y las del IVA sobre los alimentos básicos, que, de no prorrogarse, elevarán en US$1.885 millones la recaudación anual desde enero.
Al presentar las claves de su programa para el nuevo curso político, el presidente del Ejecutivo y líder del Psoe, Pedro Sánchez, puso el foco tributario sobre la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), a la que afeó que "de cada US$11 que el Gobierno central ha dado a Madrid, tres de ellos el Gobierno autonómico los ha utilizado para hacer regalos fiscales a los más ricos", en referencia a sus rebajas impositivas.
"En Madrid se han derivado US$1.109 millones a la sanidad privada. Mercancías frente a derechos. Ese es su modelo", criticó, anunciando que él se dispone a "gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas".
El mero anuncio incide en el señalamiento a Madrid que, después de todo, es la región que mayores grandes fortunas concentra.
Así lo revela la estadística de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto de Patrimonio, actualizada esta semana con los datos de 2022, que apunta a que "la riqueza media de los declarantes de la Comunidad de Madrid se sitúa muy por encima de la del resto de comunidades, seguida a mucha distancia por Galicia y a más distancia Canarias" con un patrimonio medio declarado de US$12,2, US$7,5 y US$3,8 millones, respectivamente.
De hecho, detalla la Agencia Tributaria, el nuevo Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas captó US$698 millones de 12.026 contribuyentes en el año 2022, en el que "Madrid ha sido la comunidad autónoma más afectada por este impuesto, aportando 86% de los declarantes y 89% de la cuota, seguida de Andalucía" (las dos regiones que bonificaban Patrimonio al 100%).
En paralelo, la estadística apunta que en 2022 hubo 230.365 declarantes del Impuesto de Patrimonio (con una fortuna total de US$959.520 millones), de los que 185.101 acabaron tributando US$1.386 millones. Dentro de ellos, las mayores fortunas, aquellas por encima de los US$33,2 millones, sumaron 852 contribuyentes, duplicando los 443 que había 10 años antes y marcando un récord histórico.
En total, el Impuesto a la Fortunas y el de Patrimonio recaudaron US$2.085 millones en 2022.
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