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Estados Unidos concentra 50% de los envíos peruanos de arándanos, pero su gobierno ha solicitado iniciar una investigación
Los exportadores peruanos de arándanos y cuatro ministerios están
preparando una estrategia de defensa tras anunciarse que su principal
mercado, los Estados Unidos, evaluará la imposición de una salvaguardia a la importación global de esta fruta.
Es así que existe el riesgo de que dicho país imponga cuotas, aranceles o algún otro tipo de restricción a la importación de arándanos, que podrían afectar los envíos de la campaña del próximo año (2021-2022), señaló el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos), Daniel Bustamante.
“Proarándanos está liderando la preparación de la estrategia de defensa de la
industria, en coordinación con el Mincetur y los ministerios de Relaciones
Exteriores, Agricultura y Economía, para formar un frente público-privado
encargado de la defensa”, indicó a Gestion.pe.
El objetivo de este frente será demostrar que los exportadores peruanos de arándanos no incurren en prácticas anticompetitivas en perjuicio de los productores de los EE.UU..
Como parte de dicha estrategia, cuentan con el respaldo de los supermercados e importadores estadounidenses en general, que saldrían perjudicados ante una medida proteccionista de este tipo.
La semana pasada, el Gobierno de EE.UU. reveló que investigará el impacto de sus importaciones de arándanos sobre la producción local. Dicha indagación se centrará en especial en la fruta procedente de México y Perú.
Como primer paso, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) solicitará a la Comisión de Comercio Internacional de dicho país (USITC) iniciar una investigación de salvaguardia global sobre la medida en que el incremento de las importaciones de arándanos ha causado daños graves a los productores locales.
Y es que una serie de audiencias realizadas en agosto “proporcionaron evidencia de que el aumento de las importaciones de arándanos puede estar dañando la industria local de arándanos, particularmente en el sureste de Estados Unidos”, según sostienen la USTR y los departamentos de Comercio y Agricultura de los Estados Unidos.
A lo largo de esta investigación, que durará como máximo 180 días, los gobiernos y productores involucrados tendrán derecho de audiencia y podrán
presentar evidencias para respaldar sus posiciones.
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