MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
El fin de semana se permitió abortar en Perú a una niña de 11 años víctima de violación, después de que organismos de derechos de la mujer y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abogaran por la intervención, quienes han mencionado que el caso pone en manifiesto la falta de apoyo a las menores que sufren abusos sexuales, situación que en el país ha ido en aumento.
La niña, identificada públicamente como "Mila", fue víctima de violación durante años por su padrastro, según una denuncia policial. A principios de este mes, Mila -embarazada de casi 18 semanas- fue rechazada en un hospital de la región amazónica de Loreto, que se negó a practicarle el aborto.
El caso provocó furor y, después de que la ONU instara al Estado peruano a intervenir, "Mila" fue trasladada a la capital, Lima, donde médicos del ministerio de Salud autorizaron el aborto.
"El estado de salud de Mila es buena" tras su intervención quirúrgica, dijo Susana Chávez, directora de la organización no gubernamental feminista PROMSEX, y permanecerá al cuidado del Estado tras recibir el alta.
Pero la historia de Mila refleja los fallos del Estado a la hora de proteger a las jóvenes víctimas de abusos sexuales, dijo Chávez a Reuters, añadiendo que es probable que haya muchas más violaciones de menores de las que se denuncian.
"Nosotros estamos estimando que por cada niña que llega a un hospital por embarazo, hay por lo menos 10 niñas que han sido victimas de abuso sexual", dijo Chávez.
Datos oficiales refieren que los nacimientos vivos de niñas de entre 10 y 14 años en Perú aumentaron un 14% el año pasado, hasta 1.625 casos. En el primer semestre de este año se registraron 14.500 agresiones sexuales, el 70% de ellas a menores de 17 años.
El aborto sólo es legal en Perú si la vida de la madre está en peligro, y Chávez dijo que incluso entonces el acceso está siendo bloqueado por una corriente opositora "ultraconservadora".
Las autoridades buscan al padrastro de Mila, que fue detenido en julio pero posteriormente puesto en libertad por falta de pruebas. La decisión del juez de dejarlo en libertad fue muy criticada y la presidenta Dina Boluarte exigió su "captura inmediata". Actualmente se desconoce su paradero.
Las tenencias totales de bitcoin de la empresa se adquirieron por un precio de compra total de aproximadamente US$11.900 millones
Durante su primer mandato, la Cámara de Representantes lo impugnó dos veces, aunque nunca fue condenado por el Senado
El activo digital ha subido más de 30% tras la victoria electoral de Trump el 5 de noviembre, y subía 4,8% a US$92.595