Perú camina de una crisis sanitaria y política a otra de alimentos según académicos

Aunque evita dar una cifra con precisión, Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) no descarta que en Perú “probablemente” más de siete millones de personas ya hayan reducido sus porciones de alimentos o sacrificado por al menos un día su alimentación.

Es decir, las personas están enfrentando la inseguridad alimentaria, ante el encarecimiento de los productos de la canasta básica y el menor ingreso que se siente en los bolsillos peruanos.

Es solo un estimado prematuro, calculado con base a lo que dejó el período 2018 a 2020: 6,2 millones de peruanos que ya atravesaban por el problema de inseguridad alimentaria grave. Un trienio antes, entre 2015 y 2017, sumaban 4,1 millones los habitantes afectados, según un informe que publicó el año pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Un primer acercamiento oficial sobre el estado actual de la alimentación en el país se conocerá a mediados de mayo próximo, cuando el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) publique las nuevas cifras de pobreza monetaria. “Hay una fuerte asociación entre la pobreza y la seguridad alimentaria”, comenta Trivelli.
En ese escenario, la investigadora también afirma que Perú ya está pasando de una crisis sanitaria a una crisis de alimentos. El panorama actual, según explica, tiene dos dimensiones. Por un lado, la lenta recuperación económica postpandemia, el FMI acaba de recortar su proyección de crecimiento de Perú de 4,6% a 3%, y un mercado laboral más precario, con más de medio millón de limeños en situación de desempleo, según previsiones del Inei.

Y, segundo, el encarecimiento de los alimentos tanto importados como producidos a nivel local, a consecuencia del fuerte incremento de los fletes navieros y los fertilizantes (en más del 100%) tras la invasión rusa a Ucrania. El Banco Central de Reserva (BCR) advertía que en abril (este mes) los precios tocarían su máximo pico.

Además, dice Trivelli, no solo se trata del precio, sino de la disponibilidad. Desde que comenzó la guerra, la importación de fertilizantes cayó en casi 90%. Por lo que Conveagro estima que el área sembrada en la próxima campaña grande (que comienza en agosto) será hasta 40% menor respecto a la campaña anterior; y la productividad por hectárea también se reduciría a la mitad si es que no se aplican los insumos necesarios. Una problemática que venía dándose, aunque en menor dimensión, desde mediados de 2020.

“Y si un producto escasea, sube el precio, y eso afecta directamente al 20% de la población que pertenece al quintil inferior, aquella que destina más del 50% de sus ingresos a la adquisición de sus alimentos. Lo que tendremos serán más personas sin acceso a alimentos adecuados”, agregó.

¿Podríamos llegar a un nivel de hambruna?. Trivelli responde que aún no se configura un escenario de hambre generalizado, “sino salteada, algunos comen y otros no”. “Pero sabemos que todo puede ser peor siempre si es que no hay un shock de ingresos. La única forma de compensar el alza de alimentos es que la gente tenga más plata en el bolsillo, y eso pasa por una mayor inversión del sector privado”, refiere.

Para la investigadora de IEP, el Gobierno debe designar y oficializar un sector o ministerio a cargo que genere un plan efectivo de corto plazo sobre las acciones que se realizarán para atender la crisis alimentaria “que nos acompañará por un buen rato”, pues a la fecha, son varios los ministerios involucrados pero sin un solo responsable. Hasta el momento, el Ejecutivo declaró en emergencia el agro nacional.