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Antonio Castillo, gerente general SNI
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El benchmarking de la SNI también cuestiona que la propuesta de ley establezca requisitos para la ubicación de las Zeep
El Pleno del Congreso ya tiene en agenda una propuesta de ley que busca igualar el marco legal para la implementación de Zonas Económicas Especiales Privadas, Zeep, en el Perú.
Si bien aún falta que sea aprobada por el Legislativo, un análisis de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ya perfila en qué posición colocará dicho marco legal al Perú en el ranking regional para atraer inversiones a estos espacios con beneficios tributarios especiales.
La norma general para las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es un cambio relevante, tomando en cuenta que de las nueve creadas, solo cuatro actualmente están operativas. Su peso, vale decir, respeto a las exportaciones totales peruanas no supera ni 1%.
El benchmarking hecho por el gremio, fue el documento técnico que expuso en el Congreso el gerente general de la SNI, Antonio Castillo. Gestión lo revisó y no está libre de críticas.
Se compara los principales planteamientos de la propuesta de la “ley marco” peruana con los regímenes extranjeros que han tenido éxito en países como Costa Rica, El Salvador, Honduras o Colombia. Aquí los resultados.
El dictamen que discutirá el Pleno del Congreso propone que los operadores y usuarios de las Zeep gocen de una tasa de 15% para el pago del Impuesto a la Renta (IR) durante 30 años. Pueden extender el beneficio por seis años más, si en los primeros cinco operando, la empresa reinvierte 25% de sus utilidades.
La SNI recalca que esa tasa sería “insuficiente para promover la competitividad e ingreso de nuevas inversiones del país frente a los beneficios que se aplican en otros países de la región”, aseguran en su análisis.
Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador contemplan una tarifa de 0% de IR en sus zonas francas. Es más, la SNI indica que países que forman hoy parte de la Ocde también exoneran a las empresas en las Zeep del pago del IR.
Al respecto, Juan Carlos Mathews, ex titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) que elaboró la propuesta inicial para la ley marco, coincide que lo ideal hubiese sido apostar por una liberación del pago de este impuesto.
“Estamos compitiendo con otros países de la región que tienen tasa cero. Entonces, tener un punto de partida de 15% es una clara desventaja. Yo sería más agresivo en lo tributario, apuntando a 0%. Es como el drawback, es técnicamente un subsidio, pero si ves al costado y lo tienen otros países, si lo quitas acá, estás restando competitividad”, sostiene el también vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola (USIL).
Mathews recuerda que la oposición a la tasa cero parte desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero considera que plantear esa exoneración se compensaría por el alto grado de inversiones y empleo que llegarían.
Los datos que recopiló la SNI respaldan ello. Según el gremio, países como Colombia, que tienen más de 120 ZEE, han logrado inversiones acumuladas por US$11.000 millones. En Costa Rica las 581 empresas instaladas en sus ZEE contribuyen al 11% de su PBI con su trabajo.
El benchmarking de la SNI también cuestiona que la propuesta de ley establezca requisitos para la ubicación de las Zeep. Concretamente, se exige que el área solicitada sea continua (sin separaciones) y que abarque al menos 140 hectáreas (ha).
Según el gremio, esto frenaría el desarrollo de zonas francas en regiones, ya que sería complejo conseguir el número de empresas necesarias para cubrir esa extensión. Aparte, países cercanos como Uruguay no tienen este límite. Otros como Colombia (20 ha) y Bolivia (10 ha) plantean reglas bastante menores.
Mathews asegura que este límite territorial no formaba parte del planteamiento inicial que se trabajó desde el Mincetur y que, según señala, el Congreso acogió para aprobar en la Comisión de Economía.
“Debería dársele una segunda mirada. Como dice la SNI, podría anular inversiones regionales importantes. Otros países permiten que en una ZEE pequeñas empresas participen no a través de venta de terrenos, sino de alquiler”, considera.
El dictamen de la “ley marco” plantea también inversiones mínimas comprometidas. Los operadores de una Zeep deben garantizar desembolsos equivalentes a 8.000 UIT y las empresas instaladas 6.000 UIT. A valores del 2024, esto representa US$10,8 millones y US$8,16 millones, respectivamente.
La SNI indica que esos estándares están por encima del promedio en América Latina. “A nivel regional, la inversión promedio requerida al operador varía entre US$2 a US$5 millones para el desarrollo de la infraestructura”, afirman.
Países como República Dominicana y Ecuador no tienen expresamente una inversión mínima. Costa Rica tiene una respecto a la inversión inicial de activos fijos, pero es solo de US$150.000. Otros, como Colombia, todo según la SNI, plantea una inversión escalonada.
“La inversión mínima para las empresas usuarias, en muchos casos pymes, varía de US$150.000 y siete empleos a US$5 millones y 50 empleos. Así a medida que se realiza mayor inversión se exigen más empleos”, señalan.
Para Mathews es un error, en el caso peruano, colocar mínimos de inversión tan altos, ya que nuestra realidad empresarial es bastante particular.
“No soy partidario de poner vallas tan altas. Parte de la crítica será que todo se hace para las medianas y grandes empresas. Debería haber un mecanismo diferente para las mypes. Al hacer el benchmarking no podemos olvidarnos esa realidad: la mayoría aquí son empresas pequeñas”, plantea.
De igual manera, el ex ministro considera sería una oportunidad desperdiciada para alentar la formalización de pequeñas empresas. “Les dices que pueden entrar a las Zeep y exportar, pero que deben ser formales para acceder a las ventajas”, agrega.
Gestión tuvo la oportunidad de consultarle al congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, por estos cuestionamientos. El legislador afirmó que el dictamen no será necesariamente la versión final de la ley marco que apruebe el Pleno.
“Respecto al IR, si bien el dictamen se aprobó con 15%, veremos en el debate que resulta más atractivo para la norma, entre otras cosas. Vamos a acoger (lo que se sugiera) porque hay posiciones de bancada. Analizaremos e incluiremos”, asegura.
López también se mostró seguro de obtener el respaldo en el Pleno para aprobar el dictamen de su comisión. Vale recordar que uno de los dos proyectos de ley que dieron forma al documento por debatir fue propuesto por Eduardo Salhuana, actual presidente del Congreso.
“La ley que se apruebe debe ser una que trace una política de Estado, como la tienen otros países. Para eso necesitamos un gran consenso político. Es un tema de interés para todos: los de izquierda pueden ver el éxito de China, los liberales lo mismo en otras naciones”, refiere.
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