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La investigación llevó a Tareck El Aissami, uno de los hombres más poderosos del gobierno, a renunciar como ministro de Petróleo
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo el sábado que una investigación anticorrupción en el país ha conducido a la detención de 10 funcionarios y 11 empresarios hasta ahora, mientras que se han emitido órdenes de aprehensión para 11 personas más.
La pesquisa, iniciada por el presidente Nicolás Maduro en octubre y centrada en la petrolera estatal Pdvsa, el poder judicial y una entidad gubernamental que supervisa transacciones con criptomonedas, llevó a Tareck El Aissami, uno de los hombres más poderosos del gobierno, a renunciar como ministro de Petróleo.
"No estamos hablando de cualquier trama de corrupción. Estamos hablando una de las más escabrosas en los últimos años, que vincula a funcionarios del Estado venezolano, a empresarios (...) que se favorecen de la corrupción", dijo el fiscal.
A los detenidos se les imputan los delitos de apropiación del patrimonio público, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación. Los empleados públicos imputados podrían también enfrentar cargos de traición a la patria.
A una entidad venezolana que supervisa el uso de criptomonedas para transacciones oficiales le fueron asignados cargamentos de petróleo para la venta sin control administrativo, incumpliendo la normativa oficial de contrataciones, dijo Saab. Muchos de los compradores no pagaron el petróleo como correspondía, lo que causó un daño patrimonial a la nación, agregó.
Pdvsa ha acumulado US$21.200 millones en cuentas comerciales por cobrar desde 2020, incluidos 3.600 millones de dólares potencialmente irrecuperables, según mostraron documentos vistos por Reuters esta semana, después de recurrir a docenas de intermediarios poco conocidos para exportar su petróleo bajo las sanciones de Estados Unidos.
Maduro, quien dijo que ha estado supervisando directamente la investigación, nombró esta semana al presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, como nuevo ministro del Petróleo, delegándole la supervisión de toda la industria.
Desde agosto de 2017, la oficina de Saab ha investigado 31 casos de corrupción relacionados con la industria petrolera de Venezuela, que proporciona la mayor parte del ingreso de divisas del país socio de la Opep, lo que ha llevado a casi 200 personas judicializadas y 75 condenadas, dijo Saab.
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