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Reducir el costo impositivo de las empresas es uno de los principales objetivos
La modernización económica es una de las prioridades en Chile. Tanto así que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera presentó ya la reforma tributaria que no solo busca otorgar mayores beneficios al sector privado para potenciar la inversión, sino que también pretende apaciguar las dudas creadas por la complejidad de la reforma del gobierno de Michelle Bachelet, considerada como una de las causantes de la desaceleración económica de ese país.
El socio líder del área tributaria de Larraín y Asociados Abogados, Víctor Manuel Aviles, mencionó que “más allá de este objetivo político, el Gobierno ha buscado utilizar esta oportunidad para simplificar el modelo por la vía de la reintegración; establecer fomentos especiales a la inversión y apuntalar a las Pyme”.
Uno de los principales aspectos de la reforma es que no contempla la rebaja al impuesto corporativo, aunque las empresas podrán deducir de su base impositiva el gasto en bienes físicos. En ese aspecto, el socio de Garnham Abogados, Arturo Garnham, aseguró que “es uno de los pilares pro inversión de la iniciativa, pues busca bajar el impuesto a pagar en el año en cuestión, así como el monto total de la inversión e un cierto activo fijo, aunque dicho activo tenga una vida útil de varios años”.
Otro de los sectores que se verá impactado con esta nueva reforma es la vivienda, pues fomentará la ampliación de 2.000 a 4.000 unidades de fomento del valor de los bienes raíces que pueden beneficiarse de la figura de franquicia tributaria, un incentivo tributario que permite a las empresas descontar del pago de impuestos en un monto de hasta 1% anual. En la actualidad, un UF equivale a 27.255,96 pesos chilenos (US$40,8).
Por su parte, las viviendas entre 2.000 y 4.000 UF recibirían una exención del impuesto al valor agregado (IVA).
En cuanto a las plataformas digitales, la reforma estipula que aquellas que operen en el exterior y que presten servicios en Chile recibirán un impuesto de 10%. En dicho apartado se verán afectadas plataformas como Netflix, Spotify y Airbnb, pero otras como Uber y Cabify quedarían eximidas.
Sobre este aspecto, Aviles mencionó que la exención de Uber y Cabify podría deberse tanto a su operación local como al hecho de que su legalidad sigue siendo objeto de discusión.
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