Pizano tenía una reunión con Bloomberg para un día después de que ocurrió su muerte

Cuando apareció en la televisión colombiana el lunes por la noche, Jorge Enrique Pizano estaba muerto. Había grabado la entrevista, dijo a la cámara, porque como el auditor que había detectado pagos sospechosos en un gran proyecto de infraestructura, era objeto de un complot.

Tras el deceso de Pizano por un infarto cardíaco, su hijo Alejandro Pizano Ponce de León llegó de España. En la casa de la familia en las afueras de Bogotá, donde había muerto su padre, Alejandro tomó un sorbo de una botella de agua que estaba sobre el escritorio de su padre, se sintió muy mal y murió envenenado con cianuro camino al hospital.

La fiscalía general, que confirmó las muertes y el envenenamiento, dijo el martes que iniciará una investigación criminal.

Testigo clave
Pizano era un testigo clave en uno de los mayores casos de corrupción del país. Su muerte, al igual que la de su hijo, se produce semanas después de que la fiscal del caso sufriera un grave accidente automovilístico en Chile.

El caso es parte de una de las mayores investigaciones internacionales de corrupción en la historia corporativa. El gigante brasileño Odebrecht pagó coimas a políticos y funcionarios públicos que lo ayudaron a obtener contratos para construir centrales eléctricas, autopistas, aeropuertos, represas y otras obras públicas, principalmente en América Latina. Alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016 en el que admitió haber pagado sobornos en toda la región.

Pizano fue contratado como auditor por una filial de Grupo Aval, el grupo bancario más grande de Colombia. Descubrió pagos sospechosos en una parte de una autopista de US$2.500 millones que Odebrecht y Grupo Aval estaban construyendo y creía que era un objetivo. Se había "vuelto incómodo para muchas personas", dijo en la entrevista televisiva con Noticias Uno, vestido con una camisa azul y un chaleco oscuro.

En un comunicado, Grupo Aval dijo que apoya y está cooperando con las investigaciones. Agregó que las acusaciones planteadas por Pizano en la entrevista del lunes "no eran nuevas" y que cuando alertó que los pagos eran sospechosos en 2015, no había indicios de que fueran sobornos.

Aval también dijo que era víctima del presunto plan de Odebrecht y rechaza "cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos".

Odebrecht no ha realizado comentarios sobre el caso de sobornos en Colombia, ni tampoco realizó comentarios de inmediato sobre las muertes.

La investigación del supuesto esquema de soborno de Odebrecht se ha prolongado durante dos años en Colombia, incluso cuando otros países latinoamericanos llegaron a acuerdos con el gigante brasileño. Los fiscales dicen que la compañía pagó al menos US$32,5 millones en sobornos en el país para obtener seis contratos desde 2009 a 2014. Docenas de personas han sido implicadas en el supuesto esquema de soborno.

Jorge Pizano había auditado la Ruta del Sol II, un proyecto para construir parte de una carretera de 1.000 kilómetros que conecta el centro de Colombia con el Caribe. Odebrecht se asoció en 2010 con una subsidiaria de Grupo Aval y una empresa de construcción familiar llamada Solarte Group en el proyecto.

Contratos falsos
Pizano comenzó a hacer sonar las alarmas sobre lo que parecían ser contratos falsos desde 2013, aunque al principio no se dio cuenta de que los pagos eran sobornos.

Uno de los pagos que detectó fue un depósito de US$2,7 millones realizado en junio de 2015 a una cuenta en Panamá de Consultores Unidos Colombia Panamá SA. El representante legal de la entidad, Eduardo Zambrano, fue arrestado el año pasado en relación con la investigación de sobornos de Odebrecht. Se declaró culpable de los cargos de "enriquecimiento ilícito" y está negociando con los fiscales sobre otros cargos, dijo la fiscalía general.

Pizano dijo a Bloomberg que había grabado en secreto conversaciones con Néstor Humberto Martínez, el entonces abogado de Grupo Aval y actual fiscal general de Colombia. En esas conversaciones, Pizano formuló preguntas sobre los pagos sospechosos.

En un comunicado, Martínez dijo que, en ese momento, Pizano no sabía si esos pagos eran sobornos y que entregó la información a funcionarios de la compañía que investigaban. Martínez se retiró de la investigación de Odebrecht debido a su trabajo anterior como abogado para Grupo Aval.

Quería salir del país
Pizano había dicho que planeaba liberar más información pronto y había establecido otra reunión con Bloomberg para el día después de su muerte. Planeaba abandonar el país pronto y luego hablaría más libremente.

Su hijo Alejandro, un arquitecto que vivía en Barcelona, ​​había regresado al funeral cuando bebió el agua cargada de cianuro en el escritorio de su padre.

El extraño giro de los acontecimientos agrega preguntas a un caso que se ha convertido en un dolor de prolongado cabeza para Grupo Aval, un conglomerado financiero propietario de varios de los bancos más grandes de Colombia. Grupo Aval es controlado por Luis Carlos Sarmiento, de 85 años, cuya fortuna estimada de US$11.100 millones lo convierte en el sexto latinoamericano más rico. Su filial Corficolombiana tenía una participación del 33% en el proyecto Ruta del Sol II.

Las acciones de Aval han tenido un bajo desempeño ante los temores de que la investigación pueda ampliarse. Sus acciones preferentes han caído un 3% desde que Odebrecht llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. en diciembre de 2016. Las acciones de sus pares Bancolombia SA y Banco Davivienda SA subieron un 16 y un 15%, respectivamente, durante el período.