Por la cancelación del Mobile World Congress, los bufetes preparan demandas millonarias

Los abogados de los expositores, patrocinadores y asistentes al Mobile están revisando los contratos para depurar responsabilidades y recuperar las pérdidas por la cancelación del evento.

¿Quién pagará la millonaria factura que supone la cancelación del Mobile World Congress? Aunque en la última semana se habían disparado las alarmas y las empresas ya habían empezado a consultar con sus abogados las consecuencias ante una posible cancelación, así como los riesgos legales que asumían en caso de asistir, en las últimas 24 horas los despachos están atendiendo una auténtica avalancha de preguntas de sus clientes para saber cómo se van a depurar las responsabilidades, si habrá o no indemnizaciones y quién se hará cargo de ellas.

Ante las dudas de expositores, patrocinadores o asistentes, la primera reacción de los despachos es hacer una llamada a la calma. Hay que esperar a ver cómo se articula. El primer paso es reunir toda la documentación y revisar las cláusulas de cada contrato.

¿Es causa mayor?
Habrá que ver la postura oficial que tome el organizador, Gsma. En un primer momento, asegura que ha tomado esta decisión "por razones de causa mayor", según su director general, Matts Grygald. Sin embargo, esta justificación no convence a los despachos especializados en coberturas de seguros.

"Hay que recordar que la OMS no ha calificado los efectos del coronavirus como pandemia, por lo que la causa mayor no se sostiene. Alguien tendrá que hacer frente al pago de las cláusulas penales por incumplimiento de contrato", explica Luis Alfonso Fernández, socio de seguros de Hogan Lovells, en referencia a las primeras compañías que anunciaron su ausencia.

Ahora, falta por estudiar si esta misma tesis se mantiene con el anuncio general de suspender el evento. El riesgo de alerta sanitaria es difícil que pueda ser utilizado como motivo para justificar que se trata de causa mayor, ya que ni la OMS ni el Gobierno han declarado esa situación excepcional. Sin embargo, existe la posibilidad de que Gsma sea capaz de demostrar que se ha visto obligado a tomar esta decisión por la cancelación masiva de grandes empresas, sin cuya participación no tendría sentido mantener la cita.

Indemnizaciones
La realidad responde a una decisión motivada por la presión empresarial que ejercieron los ponentes sobre Gsma al anunciar que decidían no asistir para proteger a sus trabajadores. Precisamente, éste era otro frente legal, ya que por motivos de compliance, y por muy improbable que fuera el riesgo de contagio, si un empleado hubiera enfermado por el coronavirus, las consecuencias para cualquier compañía serían demoledoras.

Ahora, este riesgo ya no existe, pero queda pendiente resolver el aspecto económico por las pérdidas generadas por la cancelación. "Las pólizas de responsabilidad civil profesional de los expositores pueden cubrir los daños por la ejecución defectuosa de sus asegurados", afirma Miquel Morales, asociado de AGM Abogados. No obstante, señala que en los contratos de este tipo de eventos "puede preverse una política de cancelaciones con indemnizaciones diferentes, en función del plazo de preaviso".

Aseguradoras
Cuando existan esas cláusulas, las empresas podrán cobrar de sus aseguradoras, pero éstas, casi con total certeza, reclamarán a GSMA por ser el último responsable, generando así un proceso de reclamaciones millonarias en cascada. Y en caso de desacuerdo, serán los tribunales quienes tengan que mediar en las disputas.

Se espera que Gsma tenga que hacer frente a un amplio número de demandas por parte de las aseguradoras de los expositores. Y es que, además de los clásicas pólizas de responsabilidad civil y de cancelación del evento, muchos ponentes han suscrito con sus compañías de seguros lo que se conoce como soluciones paramétricas (utilizadas en casos de catástrofes): protegen frente a las pérdidas ocasionadas, tanto directas como indirectas, en función de diferentes criterios objetivos.

Para los organizadores, lo ideal hubiera sido que bien la OMS o el Gobierno de España o el catalán hubieran suspendido el Mobile. En ese caso, no habría nada que reclamar a Gsma, pero sin argumentos objetivos que sustenten esa decisión, entonces el último responsable habría sido la Administración.