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Presidente electo de EE.UU. Donald Trump
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Trump aplicó impuestos elevados en su anterior mandato (2017-2021) en un esfuerzo por revitalizar la industria manufacturera
Durante gran parte de su historia, Estados Unidos impuso fuertes impuestos a las importaciones, pero luego abandonó esa política en gran medida a partir de la década de 1930, cuando los líderes gubernamentales adoptaron la idea del libre comercio.
Los aranceles elevados volvieron a aplicarse durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), que los adoptó en un esfuerzo por revitalizar la industria manufacturera estadounidense y contrarrestar lo que Estados Unidos considera prácticas comerciales desleales de China. El sucesor de Trump, Joe Biden, mantuvo esa tendencia.
Ahora, Trump, que el 5 de noviembre ganó su candidatura para un segundo mandato en la Casa Blanca, dice que aumentará drásticamente los impuestos a las importaciones y los pondrá en el centro de su política económica.
Su promesa ha reavivado el debate sobre si los aranceles son una herramienta valiosa para competir con los rivales económicos o un arma política con un pasado convulso que probablemente tendrá consecuencias negativas.
Trump propuso aumentar los aranceles a 60% para los bienes importados de China y a 20% para los traídos del resto del mundo. Estados Unidos impone actualmente aranceles en esos rangos y más altos en categorías seleccionadas de bienes, pero imponerlos a ese nivel en forma generalizada sería un cambio radical.
Actualmente, para los bienes industriales importados, que representan 94% de las importaciones de mercancías de Estados Unidos por valor, el país tiene una tasa arancelaria promedio ponderada por el comercio de 2%, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Esa cifra se puede calcular dividiendo el valor total de las importaciones por los ingresos arancelarios totales. La mitad de los bienes industriales ingresan a Estados Unidos libres de impuestos. Según un análisis de Bloomberg Economics publicado en octubre, las propuestas arancelarias de Trump "llevarían los gravámenes estadounidenses promedio por encima de 20%, un nivel no visto desde principios del siglo XX".
Sí, aunque en algunos casos sería necesario contar primero con una constatación de una de las agencias federales que reportan al presidente. Mediante una serie de estatutos, el Congreso ha facultado al presidente de Estados Unidos para modificar los aranceles para abordar una variedad de preocupaciones.
Estas incluyen una amenaza a la seguridad nacional, una guerra o emergencia, daños o posibles daños a una industria estadounidense y prácticas comerciales desleales por parte de un país extranjero.
Si bien las empresas podrían intentar luchar contra aranceles más altos en los tribunales, debido a la deferencia otorgada en el pasado a los poderes presidenciales, tales desafíos "enfrentarían una difícil subida", según un artículo publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coescrito por Warren Maruyama , ex asesor general de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Un arancel, también conocido como derecho o gravamen, se calcula generalmente como un porcentaje del valor de la mercancía, pero también puede aplicarse como una cantidad fija sobre cada artículo. Las mercancías que cruzan fronteras reciben códigos numéricos según una nomenclatura estandarizada denominada “ sistema internacional armonizado ”.
Los aranceles se pueden asignar a códigos de productos específicos, como el de un chasis de camión, o a categorías amplias, como los vehículos eléctricos. Las agencias aduaneras recaudan aranceles en nombre de los gobiernos.
En realidad, los aranceles los paga el importador o un intermediario que actúa en su nombre, aunque los costos normalmente se trasladan a los exportadores. Trump sostiene que, en última instancia, los exportadores pagan los aranceles.
Los estudios han demostrado que la carga es más difusa. La empresa extranjera que fabrica el producto puede decidir bajar los precios para apaciguar al importador, o puede gastar sumas significativas para construir una fábrica en otro lugar para eludir el arancel, o un importador (Walmart y Target están entre los más grandes de Estados Unidos) podría aumentar los precios que los consumidores pagan en la caja.
Los primeros aranceles estadounidenses —un impuesto de 5% sobre todas las importaciones— fueron promulgados en 1789 por el presidente George Washington. El objetivo principal era recaudar ingresos para un gobierno incipiente y, en segundo lugar, proteger la naciente industria manufacturera estadounidense contra la competencia extranjera, con el fin de diversificar la economía estadounidense, que era eminentemente agrícola.
Hasta aproximadamente 1900, los aranceles representaban más de la mitad de los ingresos del gobierno estadounidense. A medida que otros tipos de impuestos ocuparon su lugar, se volvieron menos esenciales (incluso con los aumentos de los últimos años, los aranceles hoy representan una pequeña parte de los ingresos del Tío Sam). Es más, los aranceles llegaron a considerarse perjudiciales.
Los efectos de la Ley Smoot-Hawley de 1930 se convirtieron en el argumento clásico contra los aranceles. La ley, que inicialmente tenía por objeto proteger a los agricultores estadounidenses, se amplió a medida que otras industrias presionaban para que se la incluyera.
Condujo a un aumento de los aranceles de importación de aproximadamente 20% en promedio, según un artículo del historiador comercial Douglas Irwin. La Ley Smoot-Hawley provocó aranceles de represalia por parte de gobiernos extranjeros, lo que resultó en una caída del comercio mundial y una profundización de la Gran Depresión.
En 1934, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos, que puso en marcha un nuevo modelo de reducciones arancelarias basado en la creencia de que el fortalecimiento del comercio internacional impulsaría la economía estadounidense.
La ley sentó las bases para el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, un conjunto de acuerdos destinados a abolir las barreras comerciales entre países. En esta era posterior a la Segunda Guerra Mundial, el apoyo al libre comercio entre los países occidentales se alimentó de la creencia de que los socios comerciales tendrían menos probabilidades de declararse la guerra entre sí.
El Gatt fue el precursor de la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995. Con sede en Ginebra, la OMC tiene 166 miembros que representan 98% del comercio mundial.
Si bien el objetivo general de la OMC es reducir las barreras al comercio, tiene reglas para imponer aranceles, por ejemplo, cuando se introducen grandes cantidades de productos en los mercados o cuando los bienes se producen con la ayuda de subsidios estatales.
Durante esos años, la creencia en el libre comercio contaba con el respaldo de un consenso bipartidista en Estados Unidos y de las corporaciones multinacionales que querían tener acceso a cadenas de suministro baratas y eficientes en el extranjero. Pero el ascenso de China como potencia económica global rompió ese consenso.
Admitida en la OMC en 2001, China obtuvo un mayor acceso a los mercados globales, aunque sus críticos dicen que violó la letra y el espíritu de las reglas del libre comercio, por ejemplo al subsidiar a sus industrias y obligar a las empresas extranjeras que operan en China a desprenderse de su know-how.
Varios investigadores han llegado a la conclusión de que la competencia de China desencadenó una caída del empleo en Estados Unidos entre los fabricantes que enfrentaron un aumento de las importaciones.
Durante la primera presidencia de Trump, su administración impuso nuevos aranceles a las importaciones chinas por un valor aproximado de US$380.000 millones en 2018 y 2019. La administración Biden mantuvo esos gravámenes y aumentó más este año sobre bienes por un valor adicional de US$18.000 millones.
El nuevo entusiasmo por los aranceles se ha extendido a la Unión Europea, que votó a principios de octubre a favor de imponer aranceles de hasta 45% a los vehículos eléctricos procedentes de China, que a su vez ha amenazado con tomar represalias contra los productos europeos.
En la campaña electoral de 2024, Trump argumentó que los impuestos generalizados a las importaciones tendrían beneficios más allá de la defensa de las industrias nacionales: inundarían el Tesoro con miles de millones de dólares en ingresos, impulsarían a las empresas que no producen bienes en Estados Unidos a hacerlo y permitirían a Estados Unidos extraer concesiones de aliados y rivales comerciales por igual.
La oponente demócrata de Trump en las elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris, criticó sus propuestas de aumentos arancelarios como un "impuesto nacional a las ventas" que perjudicaría a los consumidores. No articuló su propia agenda sobre el comercio.
Puede resultar difícil analizar los efectos económicos de los aranceles. Pueden estimular el empleo al atraer inversiones, ya que las empresas intentan eludirlos trasladando fábricas al país que aplica los impuestos. Al mismo tiempo, pueden provocar aranceles de represalia que cuesten empleos en otros sectores de la economía.
En un artículo muy valorado publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, los autores David Autor, Anne Beck, David Dorn y Gordon Hanson concluyeron que los aranceles de Trump de 2018-2019 no lograron aumentar los empleos en las industrias protegidas, mientras que perjudicaron los empleos en los sectores afectados por los aranceles de represalia, especialmente la agricultura.
Los economistas aún están desenredando los efectos inflacionarios de los aranceles iniciales de Trump de un shock mucho mayor en las cadenas de suministroy la actividad económica que comenzó poco después de que comenzara la guerra comercial entre Estados Unidos y China: la pandemia de Covid-19.
En febrero de 2019, el Banco de la Reserva Federal de San Francisco estimó que los aranceles sumaban 0,1 puntos porcentuales a la inflación de los precios al consumidor y 0,4 puntos porcentuales a una métrica que mide los costos de inversión para las empresas.
Erica York , economista sénior de la Tax Foundation, una organización no partidista, estima que los aranceles de Trump y Biden aumentan la factura fiscal anual promedio de los hogares en US$625.
Además, York estima que los aumentos eliminarán 142.000 empleos a tiempo completo y, a largo plazo, reducirán el producto interno bruto a largo plazo en 0,2% en promedio. Los críticos de la propuesta de Trump de aumentar drásticamente los aranceles temen que tenga el mismo tipo de efectos, pero a una escala mucho mayor.
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