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Presidenta de Perú, Dina Boluarte/Gestión
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La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, anunció en un mensaje televisado que presentó una denuncia constitucional contra Boluarte
La presidenta peruana, Dina Boluarte, fue denunciada el lunes ante el Congreso por la fiscal general por unas muertes en protestas sociales ocurridas a fines del año pasado y comienzos del 2023, en una nueva batalla política en un país de constantes crisis.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, anunció en un mensaje televisado que presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, su jefe de gabinete Alberto Otárola y exministros de Interior es "por la presunta comisión de delito de homicidio calificado" en agravio de algunas víctimas.
Se trata del primer cargo de la fiscal general ante el Congreso contra al presidenta Boluarte, luego de casi un año de investigación por la muerte de decenas de personas durante los violentos enfrentamientos tras la destitución y arresto de Pedro Castillo, que intentó disolver de forma ilegal el Congreso.
No fue posible contactar de inmediato a la oficina presidencial para hacer comentarios. La denuncia podría terminar en un juicio político en el Congreso contra Boluarte.
Perú ha visto transitar seis presidentes y tres congresos en casi seis años, tras renuncias y destituciones de mandatarios en medio de protestas e investigaciones de corrupción.
El anuncio de Benavides se produce horas después de que un equipo anticorrupción comenzara a investigar por presunto abuso de poder a la fiscal general, que en reacción destituyó de su cargo a la jefa de esta unidad del Ministerio Público.
En el mismo discurso televisado en el que anunció la denuncia, Benavides rechazó las investigaciones en su contra que -dijo- buscan "desestabilizar la independencia de poderes" y obstruir el avance en la lucha contra la corrupción.
Benavides cesó las funciones de la fiscal Marita Barreto, quien había ordenado detener a tres asesores de la fiscal general que coordinaron con legisladores del Congreso para designar o destituir a funcionarios clave en la administración de justicia.
A cambio de ello, los legisladores involucrados se libraron de investigaciones penales que tenían en su contra, dijo uno de los documentos de la investigación fiscal visto por Reuters.
Benavides había iniciado en enero una investigación contra Boluarte y varios miembros de su gabinete por cargos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".
"No se debe permitir la muerte de ningún peruano ni peruana, así como tampoco el abuso de poder, no se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos", dijo Benavides.
El abogado penalista Luciano López anunció más temprano por la red social X que asumió la defensa de la fiscal Barreto y solicitó la intervención del máximo órgano de control de la fiscalía para frenar a Benavides.
"No solo están en juego sus derechos como funcionarios probos. También lo está la democracia y la lucha contra la corrupción", afirmó López, que dijo luego a una radio local que acudirá a instancias internacionales para denunciar los hechos.
En la jornada, varios fiscales que integran investigaciones de corrupción se rebelaron contra la jefa del Ministerio Público y solicitaron, en declaraciones a la prensa o comunicados, la renuncia de Benavides, en una crisis de la institución.
"Le exigimos que renuncie (...) a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución", dijeron los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena, en una carta enviada a Benavides y difundida en medios locales.
El equipo anticorrupción que lidera Barreto fue creado en julio del año pasado por la misma fiscal general Benavides. Actualmente el equipo investiga presuntos casos de corrupción del exmandatario Pedro Castillo, que fue destituido a fines del año pasado.
Hace unas semanas, el equipo de Barreto también asumió una investigación preliminar contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte, por presunto tráfico de influencia.
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