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Juan Francisco Torres Landa, socio del despacho legal Hogan Lovells BSTL, aseguró que es legalmente posible y contextualmente deseable que se modifiquen los términos para la siguiente fase, sin cambios a nivel de ley o reglamento sino simplemente en los cálculos de Hacienda.
“Vimos una buena participación, siete empresas presentaron ofertas serias. Dos adjudicaciones fueron exitosas, sólo se podría pensar en cambios legales si comenzáramos a ver licitaciones completamente desiertas”, dijo.
Según él, la Secretaría de Hacienda debe tomar nota de lo sucedido y ajustar a detalle los mínimos de participación del Estado para la siguiente licitación de cinco contratos de producción compartida también en aguas del Golfo de México, calculándolos campo por campo y no mediante uno o dos parámetros únicos.
Participantes del diseño de esta primera fase aseguraron a este diario que analizarán las posibilidades de modificar los mínimos de inversión establecida por la Secretaría de Hacienda, ya que hasta el 14 de agosto se publicarán las bases y contrato finales de la segunda licitación de contratos de producción compartida.
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