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Incluye parámetros para dividir recaudación tributaria de las ganancias de las multinacionales que son gravadas en varios países.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció un acuerdo mundial para garantizar que las grandes empresas paguen una tasa de impuestos mínima de 15% y dificultar la evasión fiscal.
La OCDE indicó que cuatro países -Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka- aún no se han adherido al acuerdo, pero que los países que lo respaldan representan en conjunto más del 90% de la economía mundial.
Estos son los principales puntos del acuerdo:
Con los presupuestos tensos tras la crisis de COVID-19, muchos gobiernos quieren disuadir más que nunca a las multinacionales de trasladar sus ganancias -y sus ingresos fiscales- a países de baja tributación, independientemente de dónde se realicen sus ventas.
Cada vez más, los ingresos proceden de fuentes intangibles, como las patentes de medicamentos, los programas informáticos y los derechos de propiedad intelectual, han emigrado a estas jurisdicciones, permitiendo a las empresas evitar el pago de impuestos más altos en sus países de origen.
El impuesto mínimo y otras disposiciones pretenden poner fin a décadas de competencia fiscal entre gobiernos para atraer la inversión extranjera.
La tasa impositiva mínima global se aplicaría a las ganancias en el extranjero de las empresas multinacionales con US$868 millones de ventas en todo el mundo.
Los gobiernos podrían seguir fijando el tipo local del impuesto de sociedades que deseen, pero si las empresas paganas tasas más bajas en un país determinado, los gobiernos en sus países de origen podrían "completar" sus impuestos hasta el mínimo de 15%, eliminando la ventaja de trasladar las ganancias.
Una segunda vía de la reforma permitirá a los países donde se obtienen los ingresos gravar el 25% del llamado exceso de ganancias de las mayores multinacionales, definido como el beneficio que supera el 10% de los ingresos.
Tras el acuerdo del viernes sobre los detalles técnicos, el paso es que los ministros de finanzas de las potencias económicas del Grupo de los 20 aprueben formalmente el acuerdo, allanando el camino para su adopción por parte de los líderes del G20 en una cumbre a finales de octubre.
No obstante, siguen existiendo dudas sobre la posición de Estados Unidos, que depende en parte de una reforma fiscal interna que el gobierno de Biden quiere impulsar en el Congreso estadounidense.
El acuerdo exige que los países lo conviertan en ley en 2022 para que pueda entrar en vigor en 2023, un plazo muy ajustado dado que los acuerdos anteriores internacionales tardaron años en usar.
Los países que han creado en los últimos años impuestos nacionales sobre los servicios digitales tendrán que derogarlos.
La OCDE, que ha dirigido las negociaciones, calcula que el impuesto mínimo generará US$150.000 millones anuales más de ingresos fiscales mundiales.
Los derechos fiscales sobre más de US$125.000 millones además de ganancias se trasladarán a los países donde se obtienen, desde los países de baja tributación donde se contabilizan actualmente.
Los economistas esperan que el acuerdo anime a las multinacionales a repatriar el capital a su país de origen, dando un impulso a esas economías.
Sin embargo, varias deducciones y excepciones incluidas en el acuerdo están diseñadas al mismo tiempo para limitar el impacto en los países de baja tributación, como Irlanda, donde muchos grupos estadounidenses tienen la sede de sus operaciones europeas.
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