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Requerimiento de capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos eleva el riesgo de los proyectos de inversión
Luego de que la minuta de reforma a la Ley de Hidrocarburos se turnó a las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado para su revisión este mismo lunes por la tarde, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Imef) aseveró que su aprobación representará un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de hidrocarburos, ya que contiene elementos que elevarán los costos de todas las actividades de la cadena de valor de los combustibles en el país, elevando a su vez la presión sobre Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para el Imef, el requerimiento de mostrar capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos eleva de manera importante el riesgo de los proyectos de inversión, lo que inhibirá el desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiencia del sector y para la preservación de la seguridad energética del país.
Además, la inclusión de la negativa ficta para las solicitudes de los permisos podría desincentivar a la autoridad para atenderlos en tiempo y forma. “Ello aumenta la incertidumbre respecto a la viabilidad de las inversiones si estas pueden ser detenidas simplemente por un proceso administrativo lento, y no por razones de fondo que sean debidamente comunicadas a los solicitantes”, expuso el Imef.
Por otra parte, la posibilidad de que los permisos sean suspendidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin definir los criterios de evaluación, impide que se diseñen proyectos de inversión que cumplan con los requisitos pertinentes y con ello la posible discrecionalidad en las decisiones eleva sustancialmente el nivel de riesgo de las inversiones. En tanto, la posibilidad de que la autoridad que haya emitido el permiso se haga cargo de la administración y operación del Permisionario, para garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, representa una intervención directa en los derechos de propiedad de los inversionistas, incrementando el riesgo de que se configure una innecesaria expropiación indirecta del patrimonio de los particulares, aseveraron en un comunicado.
Pero además, esta reforma diseñada para devolver mercado de importación, distribución y comercialización de combustibles a Pemex, aumentará que la presión presupuestaria que se ejercerá sobre la estatal para el desarrollo de la oferta que el país requiere, con circunstancias financieras ya complejas por las que atraviesa la empresa y en un entorno de finanzas públicas con un margen de maniobra reducido, lo que dificulta la liberación de espacio fiscal para inversiones más productivas y protección social.
“Los términos de la iniciativa eliminan los incentivos para la inversión privada en el sector de hidrocarburos, en circunstancias en las que nuestra economía requiere urgentemente de la recuperación de la inversión y de la generación de empleo después del impacto de la recesión más severa del último siglo”, explicaron, “los términos planteados por la iniciativa generarán una demanda importante de recursos presupuestarios gubernamentales adicionales para la ampliación de la oferta en las condiciones necesarias, lo que representa un elemento adicional de riesgo para las finanzas públicas de México”.
Así, el Imef exhortó a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la
República a evaluar de manera objetiva todos los elementos que la iniciativa plantea y sus impactos, en el marco del análisis, discusión y. en su caso, votación de la Minuta correspondiente.
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