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La reforma, aprobada la noche del miércoles, mandata la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas del sector
El Senado mexicano completó el aval de una reforma constitucional que corona años de intentos por devolverle a la empresa estatal de electricidad CFE la preeminencia en el sector, ahora bajo la bandera de seguridad y autosuficiencia energéticas.
La reforma, aprobada la noche del miércoles, mandata la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas del sector, concretando un cambio fundamental que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el poder a fines de septiembre, buscó a lo largo de todo su gestión de seis años.
Ahora, las modificaciones propuestas a tres artículos de la Constitución enviadas al Congreso todavía durante su gobierno y apoyadas por su sucesora, Claudia Sheinbaum, remueven el obstáculo para que finalmente la CFE pueda despachar al sistema su energía con carácter preferente.
El texto aprobado por la mayoría de senadores del oficialista Morena y sus aliados, le confiere a la CFE la misión de ejecutar los objetivos del sistema eléctrico de "preservar la seguridad y autosuficiencia energética", así como proveer al "pueblo" de la electricidad al menor precio posible. Para ello, la reforma modifica el carácter de "empresas productivas" a "empresas públicas" tanto de CFE como de la petrolera estatal Pemex.
Este matiz, ha asegurado Sheinbaum, consolida la vocación social de ambas empresas y no solo su objetivo de creación de valor económico, como estableció una profunda reforma energética hace 10 años, que López Obrador siempre aseguró buscó acabar con las empresas estatales.
Sheinbaum, la primera mujer en llevar las riendas de la segunda mayor economía de América Latina, ha dicho que quiere que empresas privadas de energía participen en el sector eléctrico, a diferencia de su antecesor y mentor, que las frenó tratando de poner diques a la reforma energética de 2013/14.
Sin embargo, la mandataria impulsa el mismo esquema que ideó López Obrador: el despacho prioritario de la energía de CFE y que la empresa produzca el 54% de la electricidad.
"Hay un potencial del 46%", dijo Sheinbaum sobre la parte del pastel para las empresas privadas, durante una conferencia de prensa el martes tras el Diálogo Económico de Alto Nivel, su primera actividad con representantes extranjeros tras asumir el poder el 1 de octubre.
"Particularmente en fuentes renovables de energía, que tienen que tener su respaldo, porque así funcionan los sistemas eléctricos", añadió.
La falta de "respaldo" de las energías renovables fue el argumento del gobierno de López Obrador para impedir su entrada al sistema, pues, se aseguraba, reduce su estabilidad y confiabilidad y favorece, así, el despacho de la CFE.
Eso provocó una lluvia de impugnaciones en tribunales locales y el reclamo de socios comerciales como Estados Unidos y la Unión Europea, que alegaban que esa política afectaba a empresas de sus países e iba en contra de las reglas ya establecidas o de acuerdos comerciales como el TMEC.
La reforma constitucional deroga los transitorios de la reforma energética de hace una década, que son la columna vertebral del modelo energético que aún prevalece, dejando una enorme interrogante sobre cómo se estructurará el nuevo modelo.
"Parecería que lo que quiere hacer el Congreso es dejar la llave, la mano muy ancha a toda la regulación secundaria que ahora van a sacar", dijo Rosanety Barrios, analista del sector energético y una de las hacedoras de la reforma de 2013/14. "La incertidumbre es mucho mayor que la certidumbre", añadió.
El Congreso tendrá 180 días para emitir las nuevas leyes secundarias de la reforma, que también consigna la intención ya manifiesta de reservar al Estado el aprovechamiento del litio y establece que el servicio de internet que provea el Estado no podrá ser considerado un monopolio.
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