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El histórico proyecto de ley espera ahora la ratificación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
El Senado de Brasil aprobó finalmente el miércoles un proyecto de ley para realizar una reforma radical al sistema de pensiones, lo que pone término a meses de disputas políticas respecto a un tema prioritario para el gobierno para estabilizar las finanzas públicas e impulsar el crecimiento.
Una enmienda final para dar mayores protecciones a trabajadores en situaciones peligrosas no alterarán el ahorro total proyectado de US$197.000 millones durante la próxima década, dijo el ministro de Trabajo y Pensiones, Rogerio Marinho.
El histórico proyecto de ley espera ahora la ratificación del presidente Jair Bolsonaro. El jefe del Senado, Davi Alcolumbre, dijo que la firma probablemente se realizará el 19 de noviembre, cuando el mandatario regrese de una serie de visitas oficiales a Asia.
Los mercados financieros aplaudieron la noticia, a pesar de que era efectivamente una formalidad después de que el texto principal de la iniciativa legal fue aprobado abrumadoramente el martes.
El índice bursátil Bovespa subió a un nuevo récord justo por debajo de los 108.000 puntos, mientras que el real se fortaleció a cerca de 4,0460 unidades por dólar, el nivel más fuerte en seis semanas.
Roberto Secemski, economista de Barclays en Brasil, dijo que aunque la "saga" ha llegado a un "final feliz", la reforma de pensiones no enmendará el rumbo fiscal y económico del país.
Si bien la aprobación del proyecto de ley significa que Brasil seguramente evitará volver a caer en una recesión, su dinámica de déficit y deuda no parece que mejorará significativamente en el corto plazo.
"El foco del mercado ahora probablemente cambiará hacia el crecimiento de la economía. Vamos a monitorizar las nuevas medidas fiscales, que se espera sean anunciadas por el ministro (de Economía) Paulo Guedes la próxima semana, dijo Secemski.
El mandatario reconoció que el material debe ser sacado, pero antes deben resolver la situación del acceso al muelle de la mina
Si el Congreso no adopta ninguna medida, el Gobierno iniciará el sábado un cierre parcial que interrumpirá la financiación
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