Repartidores mexicanos entregan pliego en Secretaria del Trabajo pidiendo derechos

Estacionó su moto y bajó a prisa. Mientras sacaba una bolsa de su mochila térmica, vio aparcados a más de una decena de repartidores de Uber Eats y de Rappi, como él. Los miró confundido, pero el trabajo lo volvió la realidad. Tomó su teléfono y llamó: “Estoy abajo con su pedido, señorita”, luego leyó en la fachada del edificio: “Secretaría del Trabajo y Previsión Social” (STPS).

Dentro, una veintena de trabajadores y de trabajadoras por aplicación lo que estaban entregando era una propuesta de reforma para que sus derechos laborales les sean reconocidos. La mujer, empleada en la STPS, salió a recibir su comida y, entregado el pedido, ella desapareció en el edificio y él volvió la mirada a sus compañeros, pero no se atrevió a preguntar si era una convención o estaban regalando algo. Subió a su moto y se fue.

El documento que representantes de diferentes colectivos le entregaron a Alejandro Salafranca, director de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, es el Manifiesto de Piso Mínimo de las Trabajadoras y Trabajadores de Plataformas Digitales, cuyo contenido fue cuidadosamente resguardado. Querían evitar que las empresas por aplicación tuvieran conocimiento de éste antes de ser recibido por las autoridades laborales.

Los puntos principales de su propuesta, según señalaron diferentes representantes de los colectivos, son el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras y no como socios, la seguridad social con aportación tripartita y el mantenimiento de la flexibilidad laboral.

“Es producto del consenso con compañeros de diferentes organizaciones de todo el país. También con compañeras, somos pocas, pero nos estamos haciendo visibles”, dice en entrevista Saira Garduño Tovar, vocera de la Unión de Trabajadores por Aplicación (Unta), el primer sindicato del ramo.

También es el primer proyecto que surge de los colectivos. En la Cámara de Diputados y en el Senado se han presentado siete iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el gobierno federal está construyendo la suya.

La iniciativa de los colectivos retoma el ejemplo de España, con la llamada “ley de riders”. Dicha reforma, aprobada en mayo de 2021 y negociada desde 2020 en los meses difíciles de la pandemia de covid-19, reconoció a quienes laboran en las plataformas como personas trabajadoras asalariadas, pues hasta ese momento eran tomadas como trabajadoras independientes.

Una de las peticiones que plantean en el Manifiesto es crear un nuevo capítulo en la LFT dedicado a las personas conductoras y repartidoras de plataformas digitales. En ese apartado especial se les reconocerá como “personas físicas que prestan sus servicios de manera subordinada”.

Para garantizar la flexibilidad, un tema del que las empresas se han apoyado para argumentar que un cambio de estatus laboral les quitaría esa ventaja, proponen tres categorías laborales: eventuales, medio salario y salario completo.

Los salarios se fijarán por día, orden de trabajo, tiempo de conexión, boletos vendidos, circuito o kilómetros recorridos. Y en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo general. Las propinas no serán parte del salario ni podrán ser retenidas, como actualmente se hace.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que en el país laboran más de 50.000 personas en este sector. En octubre de 2021, el organismo firmó un convenio con Beat, DiDi, Rappi y Uber para que promuevan el programa piloto para trabajadoras y trabajadores independientes entre “sus socios”. Sin embargo, en ese esquema las empresas no aportan su cuota patronal para el aseguramiento.

“Alcanzar la seguridad social es de lo más importante”, dice Saira Garduño. “Las aplicaciones ganan billones con nuestro trabajo, no es justo que sólo nosotros aportemos si ya pagamos Impuesto sobre la Renta (ISR). Y para todos es crucial contar con este derecho como la mayoría de los trabajadores, quienes somos mamás además necesitamos el servicio de guardería y por eso es importante contar con la afiliación al IMSS”.

Las pocas mujeres presentes en las más de 20 mesas de negociación —que se realizaron con el acompañamiento de la Fundación Friedrich Ebert (FES)— lograron que el Manifiesto tuviera una perspectiva de género. El documento pide que las medidas para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual que prevé la LFT alcancen a las trabajadoras de plataformas digitales.

La vocera de la Unta detalla que el acoso sexual proviene principalmente de clientes. “A una compañera, el señor la estaba esperando desnudo”. Ellas son minoría en este sector organizado, pues de más de 800 integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, apenas son ocho mujeres.

“Esperemos que se unan más, a nosotras se nos dificulta porque tenemos que cuidar a los hijos, pero poco a poco habrá más compañeras”. Por el momento, la respuesta de la STPS es que analizarán su propuesta y les convocarán a una reunión de trabajo.

Les informaron que también tomarán en cuenta la perspectiva de las empresas, pero que la iniciativa que enviará al Congreso les reconocerá como trabajadoras y trabajadores.