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Una enmienda fue la principal preocupación, pues no se sabe si el cambio requiera una aprobación adicional de la Cámara Baja
La histórica propuesta para la reforma de las pensiones de Brasil del presidente Jair Bolsonaro se retrasó en el Senado justo cuando iba a ser promulgada.
Los senadores ya habían aprobado el texto principal de la reforma cuando ciertas dudas sobre el impacto de una enmienda propuesta al proyecto de ley llevaron al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, a suspender la sesión hasta el miércoles por la mañana. Una enmienda que favorecía a los trabajadores sometidos a duras condiciones de trabajo estaba ganando apoyo entre los parlamentarios cuando aquellos a favor del Gobierno argumentaron que su aprobación obligaría a que la reforma regresase a la Cámara Baja.
Alcolumbre dijo que iba a solicitar una opinión técnica para aclarar ese punto antes de permitir que los senadores procediesen con la votación. Se abstuvo de garantizar que la reforma no necesitaría aprobación adicional de los diputados de la Cámara Baja en caso de que se apruebe la enmienda.
“Creo que mañana votaremos sobre las dos enmiendas finales”, dijo a los medios después de la decisión. “Los mercados confían en el Parlamento”, agregó, desestimando las preocupaciones de que los inversores puedan vender activos brasileños tras otro retraso inesperado en la aprobación de la reforma.
Las dos enmiendas finales reducirían los ahorros previstos de la reforma en 76.500 millones de reales, de un total de 800.000 millones de reales (US$196.000 millones) durante un decenio, pero la principal preocupación es si el texto se modificaría en tal medida que requiera una aprobación adicional de los diputados de la Cámara Baja.
Después de su aprobación por el Senado, se espera que las nuevas reglas de jubilación entren en vigor tan pronto como Alcolumbre, como jefe del Congreso, las sancione en una ceremonia que probablemente tendrá lugar después de que Bolsonaro regrese de un viaje en el extranjero.
La reforma de las pensiones constituye la piedra angular de la política económica de Bolsonaro y el foco de su primer impulso legislativo sostenido. El proyecto de ley es crucial para los inversores que han expresado alarma por el deterioro de las finanzas públicas en la mayor economía de América Latina. Pero mientras la legislación aborda uno de los mayores culpables de los déficit presupuestarios descontrolados de Brasil, se necesitan otras medidas para controlar mejor el gasto.
Antes de Bolsonaro, cuatro presidentes habían intentado sin éxito llevar a cabo una amplia reforma de las pensiones del país, que engullen aproximadamente el 8,6% del producto interno bruto. No obstante, los políticos solo lograron reunir el apoyo del Congreso con el respaldo del presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, y después de hacer importantes concesiones.
El Ejército quedó excluido de la reforma, al igual que los estados y municipios, y los planes para establecer cuentas de ahorro individuales se aplazaron. En conjunto, las modificaciones redujeron los ahorros previstos del proyecto de ley de un objetivo inicial de más de un billón de reales.
Bolsonaro ha dicho que la reforma es esencial para el crecimiento económico, mientras que su ministro de Economía, Paulo Guedes, manifestó que reforzaría la confianza de los inversores y ayudaría a atraer nuevas inversiones. Pero no faltan dificultades.
La deuda pública de Brasil representa casi el 80% del PIB, una cifra mucho más alta que otros mercados emergentes, entre ellos México, Chile e Indonesia. Incluso si se da por supuesta la aprobación de la reforma de pensiones, esa tasa no comenzará a disminuir hasta 2023, según estimaciones del Gobierno.
Aproximadamente el 90% del gasto público es obligatorio según la Constitución de la nación, lo que significa que la flexibilidad presupuestaria es mínima. Asimismo, las proyecciones del crecimiento económico de Brasil rondan el 1% por tercer año consecutivo, lo que dificulta aún más los esfuerzos para reducir la deuda.
Junto con ellos, otras naciones como Bielorrusia, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán también ingresaron como socios
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