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La refinería La Pampilla, donde ocurrió el derrame, representa más de 50% del mercado interno de petróleo en el país Inca
El pasado 15 de enero se derramaron más de 10.000 barriles de petróleo de la refinería La Pampilla, operada por la española Repsol, en el mar peruano de Ventanilla, por lo que el gobierno de Perú terminó por ordenar la paralización de cuatro operaciones.
En una conferencia de prensa, el ministro de Medio Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, anunció que el Ejecutivo ha detenido temporalmente las operaciones “de cargas y descargas de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol".
Este desastre fue considerado como el peor de todos los tiempos y la agencia de inteligencia geopolítica Stratfor señaló que podría tener consecuencias regulatorias sectoriales, ya que la administración de Pedro Castillo podría emprender una “ofensiva regulatoria” dirigida a más empresas del negocio de petróleo y gas.
“El derrame de petróleo probablemente impulsará el respaldo por parte del público hacia el gobierno para que emprenda acciones punitivas, que incluyen acusar a los ejecutivos de negligencia criminal, y sancionar y/o expropiar la refinería de La Pampilla”, advirtió Stratfor en un reporte de Worldview Powered.
A esto debemos sumar que la refinería representa más de la mitad del mercado interno de combustibles, por lo cual, “las sanciones reforzarían significativamente el interés del gobierno de izquierda peruano para contar con una presencia estatal más fuerte en el sector de petróleo y gas”.
Hasta el fin de semana, la compañía indicó que había recuperado apenas el 35% del hidrocarburo derramado. Ante el desastre que vive la costa peruana, el Poder Judicial dictó la semana pasada el impedimento de salida del país por 18 meses a cuatro directivos de la compañía, entre ellos el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández – Cuesta.
Reacción de Repsol
En ese sentido, Stratfor explicó que “el gobierno podría usar el derrame de petróleo para iniciar una ofensiva regulatoria contra otras empresas en el sector del petróleo y el gas, así como otras industrias que pueden dañar el medio ambiente, como la minería, al imponerles multas o aranceles si las empresas no cumplen con las regulaciones”.
Desde la otra vereda, la empresa se comprometió a colaborar con las autoridades peruanas luego de que el gobierno suspendiera las actividades de carga y descarga de barcos petroleros. La empresa tiene como objetivo reabrir las actividades en la refinería de La Pampilla "lo antes posible".
En un comunicado, Repsol manifestó que "la compañía, sin perjuicio de no compartir la resolución por considerarla desproporcionada e irrazonable, pero en aras de garantizar el suministro de sus productos, expresa su plena disponibilidad de colaboración con las autoridades peruanas".
Cabe recordar que La Pampilla es responsable de abastecer el 40% del mercado peruano de combustibles, pues procesa unos 120.000 barriles de crudo al día.
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