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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido la posibilidad de que se celebre una consulta, pero no sobre la autodeterminación, sino sobre el "autogobierno".
En una entrevista con la cadena Ser en el retorno del curso político, ha señalado que "el hecho final tiene que ser una votación, pero no puede por la independencia o la autodeterminación, sino por el fortalecimiento del Gobierno de Cataluña".
Pedro Sánchez ha pedido autocrítica a los independentistas, ha constatado que la sociedad catalana está dividida "en dos bloques", en una dinámica que a su juicio tiene que ser superada y ha dicho que la polémica por los lazos amarillos demuestra que en Cataluña hacen falta "menos gestos y más responsabilidad".
Aunque no tiene en mente ahora aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, ha resaltado que es "un instrumento perfectamente constitucional" y que si fuera necesario volver a utilizarlo "el Gobierno lo hará".
El president Torra ha dicho hoy mismo que durante el verano ha intercambiado mensajes con Sánchez, y el jefe del Gobierno ha añadido que también han hablado por teléfono, entre otros motivos, por los actos del 17 de agosto en recuerdo de las víctimas de la acción terrorista de hace un año en Barcelona y Cambrils. "Es lógico", ha añadido
El presidente del Gobierno ha considerado que el otoño de 2018 no puede servir para ahondar en las heridas del otoño del año pasado, sino para "curarlas".
En ese contexto ha instado a Torra a hablar con la parte de Cataluña que no comparte sus ideas porque cree que lo que está en juego no es la independencia, sino la convivencia.
De la misma forma, ha considerado que no tiene sentido que el Parlament permanezca cerrado durante el mes de septiembre.
Sánchez, que ha ratificado que entre octubre y noviembre celebrará un Consejo de Ministros en Barcelona, se ha referido a la polémica por los lazos amarillos para mostrarse en contra de todos los símbolos que dividan.
Respecto a la defensa del juez Pablo Llarena en Bruselas, ha subrayado que el Gobierno siempre ha tenido claro que tenía que defender la soberanía jurisdiccional de España, ha atendido los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial y ha concluido que no se podía disociar una declaración privada de la acción pública de ese juez.
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a instancias superiores europeas si se cuestiona esa soberanía, ha resaltado que esa defensa es una cuestión de Estado más allá del nombre de un juez.
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